*Según la información entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de una investigación, Antioquia es ahora el primero en el país con la mayor práctica del trasteo de votos.

El departamento del Atlántico dejó de ser el primero en la deshonrosa práctica del trasteo electoral en Colombia, según la información entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de una investigación.
Antioquia es ahora el primero en el país con la mayor práctica del trasteo de votos, una vieja conducta considerada como el primer paso para cometer fraude en los debates electorales.
Sin embargo, el departamento del Atlántico, que ahora es segundo en este escalafón no deja de tener la lupa puesta por parte de las autoridades que han concentrado todos sus esfuerzos en tiempos recientes, para registrar altos índices de trashumancia.
El resultado de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la más reciente inscripción de cédulas con miras al debate del próximo 27 de octubre, condujo a la anulación de 1 millón 65 mil 741 inscripciones irregulares en todo el país.
De esa cifra, el ‘top 5’ de los departamentos con el mayor número de inscripciones irregulares, es el siguiente: Antioquia, 133.774; Atlántico, 127.478; Cundinamarca, 102.637; Santander, 94.633 y Norte de Santander, 60.868.
Atlántico primero en la Costa
Teniendo en cuenta la investigación del CNE, en cuanto a la Región Caribe se refiere, el listado de la trashumancia por departamentos lo encabeza el Atlántico, siguiéndole, en su orden, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.
Por otra parte, el estudio del CNE orientado hacia los municipios, determina que en la Costa Atlántica, los que más han incurrido en este tipo de práctica son, en su orden: La Jagua del Pilar (Guajira), Puerto Colombia (Atlántico), El Molino (Guajira), Montecristo (Bolívar), San Zenón (Magdalena), La Jagua de Ibirico (Cesar), Hatonuevo (Guajira) y Pedraza (Magdalena).
Cabe señalar que la trashumancia electoral, conocida comúnmente como trasteo de votos, consiste en inscribir la cédula de un ciudadano en un lugar distinto (municipio o ciudad) al de su residencia electoral, con el objetivo de participar indebidamente en las elecciones de autoridades territoriales y locales.
En cuanto a las investigaciones administrativas realizadas por el CNE, se informó que cada uno de los Magistrados de este organismo tuvo en cuenta los fundamentos legales que habilitaban la calificación de determinadas inscripciones como irregulares, respetando así la posición que sobre el tema sostuvo recientemente el Consejo de Estado sobre la “residencia electoral”:  “Se entiende por residencia electoral el lugar en el que se encuentra registrado un ciudadano habilitado por la Constitución y la ley para ejercer el derecho al voto. Este criterio garantiza que la persona inscrita en realidad tenga un vínculo con la entidad territorial donde se realizará el proceso electoral. Cuando se habla de residencia electoral se revisa la relación del votante con el lugar en el que habita; en el que de manera regular está de asiento; ejerce su profesión u oficio, y/o posee negocios o empleo”.
En concreto, por la importancia y los efectos de la residencia electoral, el ciudadano deberá escoger un único lugar de votación para el ejercicio de su derecho al voto. Con la inscripción de la cédula de ciudadanía se consolida una presunción legal bajo la gravedad de juramento, la cual confirma que la información que se declara al momento de realizar la inscripción de la cédula de ciudadanía es aquella que soporta la residencia electoral.

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