El Nuevo Orden Jurídico (NOE) y el malestar educativo en Colombia

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A lo largo de su historia, Colombia, el país rico en diversidad étnica, flora, fauna, el país de los grandes artistas, escritores, pintores, de los deportistas, del carnaval, el país de la pasión, de las mujeres bonitas, ha padecido de un sinnúmero de malestares sociales.
El periódico El Tiempo en el año 2000 publicó un artículo titulado “Los 30 males de Colombia”, las conclusiones expuestas son producto de una investigación avalada por Colciencias en la cual participaron 28 investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, el artículo expone como primer mal el “subsistema de conocimiento: Descomposición social, Baja calidad y cobertura de la educación” y concluyen que existe un retardo en la investigación científica y la tecnología.
Comparto la idea de que el malestar educativo es el principal virus que afecta a todos los demás sistemas que conforman las estructuras. Tal como lo dice Nelson Mandela “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Pero nuestro fragmento de mundo, llamado Colombia, una cloaca armoniosa que aun después de tanto malestar “sigue en pie”, aun no lo ha comprendido. La incomprensión es tan bárbara, que para sus dirigentes la educación no es fundamental para la dignidad del colombiano.
La educación en el Nuevo Orden Jurídico (NOE) no es fundamental. Es vista como un servicio, y esa connotación implica una praxis diferente a la deseada a nivel internacional, de igual manera las garantías que se brindan teniendo en cuenta los otros malestares (corrupción, centralización del poder, impunidad, pobreza, desigualdad) no son del todo alentadoras.
Algunas de las problemáticas que acarrean al sistema educativo son las siguientes: Falta de financiación por parte de los gobiernos al sector público, poca inversión en la infraestructura de los colegios, desarticulación de la practica educativo y las nuevas tendencias pedagógicas, estandarización y homogenización en la formación de los infantes y adolescentes, poca cobertura para acceder a una institución educativa pública, deserción escolar, bullying, falta de instituciones educativas y formación educativa de calidad en el campo colombiano, programas que irrumpen en los recursos destinados al sector público y permiten el desvío de los mismos al sector privado “Ser Pilo Paga”, “Generación E”. Leopoldo Munera, profesor de la Universidad Nacional, en una entrevista realizada por RCN radio en el 2018 afirma que “con los mismos recursos de ‘Ser Pilo Paga’ se hubiera podido atender a más de 300.000 cupos en universidades públicas acreditadas, y sobrado el 40% del presupuesto para unos “programas de bienestar históricos”, y con respecto a la ‘Generación E’ afirmó que es equivocado verle como gratuito porque realmente no cubre el costo total del estudiante.
Bueno y así podríamos llenar más hojas de este corto ensayo sobre las problemáticas en la educación, pero el verdadero objetivo de este, es establecer una relación de causa consecuencia entre la concepción educativa que está emanada en la Constitución de 1991, la normatividad que se desprende de ella sobre la educación y su implicación en el malestar de la educación.
Para el desarrollo de este ensayo nos hemos de respaldar principalmente en los argumentos expuestos por el pedagogo Reynaldo Mora Mora, profesor de la Facultad de educación en la Universidad del Atlántico, es uno de los más interesados en el establecimiento de la educación como derecho fundamental en la Constitución y eso lo deja en evidencia en sus constante publicaciones en el periódico la libertad ‘Tribuna Pedagógica’ un espacio en el cual el maestro reflexiona y pone en manifiesto su inconformidad y sus soluciones frente a las distintas problemáticas que aquejan a la educación colombiana.
En su columna ‘La Educación como un derecho’ (2017) el pedagogo del caribe Reynaldo Mora Mora expone lo siguiente: “Con la puesta en marcha del Nuevo Orden Jurídico y Político con la Constitución de 1991, se impone en Colombia un Nuevo Orden Educativo… Este NOE establece con base en la Carta Magna (art. 67) que la “educación es un derecho”, sin el plus, de considerarlo un derecho fundamental”.
Esta mirada de “servicio público” no le garantiza una ley estatutaria que permita la obligatoriedad de su cumplimiento y regulación del desarrollo de la misma.
La educación como derecho fundamental es un deseo que tienen maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general lastimosamente tan como lo dice el doctor Reynaldo Mora Mora en su columna ‘La educación como bien público’ (2017): “Considerar la educación como un bien público, como derecho fundamental tutelable, viene a ser creación constitucional, y esto, causa incomodidad en la Planeación Nacional y en el Ministerio de Hacienda”. Lo anterior en razón de que la educación supuestamente “no produce” no da “réditos” es en su mayoría “erogación” (Mora, 2017)
Esta contemplación jurídica ha generado una serie de imaginarios que han trascendido en la sociedad, y se ha manifestado en la indiferencia de la problemática educativa, en nuestro país no se ve la educación como una manera del cultivo integral de la persona, o sujeto de derecho, si no como una simple alternativa de salir, de escapar de la pobreza y en el afán de salir, de huir de esta, no se detiene a reflexionar sobre si la educación que se brinda es de calidad, sobre si quienes dirigen el proceso educativo tiene una formación pertinente, sobre si quienes controlan y vigilan la prestación de servicio educativo lo hacen de la manera correcta. No solo se trata de entregar un cartón, de garantizar la entrada a otra institución, se trata de la formación integral de la persona, de dar calidad a su vida, de la felicidad de esta.
El Estado no es el único ente encargado de la educación, la familia y la sociedad también, de ahí que este NOE los incluya, puesto que la educación no solo es problema de los docentes, de las facultades de Educación, del Estado, también del padre de familia que actúa como educador primario del infante y del adolescente, y la sociedad porque en la escuela se reproduce los modelos que se están en las casas y fuera de ellas. Lo que indica que el malestar en la educación dentro del Nuevo Orden Jurídico (NOE) no solo es un asunto del Estado si no también de la familia y de la sociedad, actúan como entes de control y vigilancia de manera externa puesto que reciben de manera directa el sujeto formado por parte de las instituciones educativas.
Dice Mora Mora (2017) en su columna titulada “Los responsables de la educación”: “, … deben materializarse como deberes sancionatorios en el Manual de Convivencia o en el mejor de los casos, permanentemente ya sea por parte de los secretarios de educación, o de los rectores, o de los personeros estudiantiles, o de un docente, tiene el deber moral de ’empapelar’ y exigir a estos responsables su responsabilidad en materia educativa, exigiendo a la Procuraduría General de la Nación y otras instancias el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales”.
Los malestares de la educación terminarán cuando exista una articulación entre la escuela, la sociedad, la familia y el Estado. Cuando se deje de ver la figura del docente como el cuidador de niños y veamos su importante implicación en el fortalecimiento y buen manejo de este sistema. La escuela es la que permite la entrada del niño a la sociedad, al trabajo, a la empresa a la producción, si es consciente de su deber como ciudadano el sistema democrático marchara bien, pero si el futuro ciudadano del país, no es formado para vivir en sociedad, para comprender las relaciones consensuadas en la carta magna, no habrá salida no solo para el malestar educativo si no también para el malestar social que padece el país.
Para concluir diremos que el Nuevo Orden Educativo (NOE) es una de las principales causales del malestar educativo en el país, que los demás problemas estructurales son problemas que resultan de un sistema educativo enfermo, y que sus soluciones precisamente esta en un buen tratamiento de esta.
Que la educación no solo esta en manos de la escuela y del maestro, que ella también requiere de la vigilancia, del control y de cuidado del Estado, la familia y la sociedad. Que nuestros legisladores deberían pensar más en los bienes públicos que los bienes individuales, y encaminar la educación hacia el cumplimiento obligatorio.

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