El síndrome de la privatización

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A partir de la Constituyente del 91 cualquier problema que se presente en las instituciones del Estado la fórmula más fácil es privatizarla sin analizar otras alternativas. En la década del 90 fueron privatizados los puertos, comunicaciones, educación, salud, servicios públicos, seguridad con las empresas privadas y pare de contar. La retórica falaz de los gobiernos, de reducir el tamaño del Estado y los gastos administrativos para cumplir mejor su función social fue la receta. En la época de los 90 la nómina burocrática era de un millón de funcionarios, la reducción fue del 20%, a los años siguientes superó ese porcentaje con los nuevos gobiernos. El modelo neoliberal resultó un caos con beneficios únicamente para particulares y las multinacionales que saquearon las empresas, caso Electricaribe, Triple A.
En esta ocasión el turno es para el Inpec, el problema conocido por todos de la triste célebre, exsenadora Aida Merlano prendió las alarmas de desórdenes en las cárceles. La calentura de las autoridades carcelarias administradas por la policía y el Ministerio de Justicia alarmadas por la fuga de la reclusa como si vivieran en otro país, manifestaron debemos privatizar las cárceles. Las personas que están privadas de la libertad por delitos cometidos deben estar bajo la custodia del Estado y no de particulares. Privatizar la cárcel para los reclusos con recursos económicos, las consecuencias serían fatales, el Estado perdería el control del penal y los privados impondrían las reglas que le exige el condenado, convirtiendo las cárceles en lugares de descanso y recreo. Imaginemos un funcionario corrupto que amasó una gran fortuna robándole los dineros a los pobres, no le importa pagar lo que sea en una cárcel cinco estrellas y seguir delinquiendo con todas las comodidades. Qué maravilla. El neoliberalismo impuso esa joyita de privatizar para favorecer a la banca internacional y empresas multinacionales, el modelo ha debilitado la democracia y el desarrollo social de los pueblos. En las nuevas administraciones funcionarios con mucho poder y arrogancia, no escuchan las recomendaciones de expertos y el clamor del pueblo para que no continúen acabando con el patrimonio de los colombianos y sin importar sus peticiones privatizan. Con una ley marco que regule el trámite, es posible salvar algunas empresas estatales, de continuar con la privatización el país en los próximos años será un cascarón. El tema de la privatización es tan complejo que el fenómeno va atado al cáncer social de la corrupción, detrás de cada propuesta de reducir el tamaño del Estado existen intereses mezquinos de politiqueros y mafias que no se cansan de saquear el país.
El Congreso está en mora en legislar sobre un marco normativo que proteja el patrimonio colombiano, no solo su soberanía territorial y fronteriza, sino de sus activos tangibles, que seguramente fueron logrados con gran esfuerzo por las generaciones anteriores. No permitir que el funcionario de turno al ocupar el cargo amenace a la nación que es necesario vender tal empresa del Estado, de lo contrario los niños no tendrán almuerzo escolar. No podemos dejarnos arrollar por declaraciones satánicas y retadora que utilizan los funcionarios facilistas e incapaces de buscas soluciones para evitar la venta de empresas con altos márgenes de utilidades como Ecopetrol. Los colombianos que conocen los procesos económicos del país recuerdan la manipulación y desinformación de gobiernos anteriores para justificar la venta de las empresas de servicios públicos, salud, agua y energía. Crearon la infame expectativa que la atención mejoraría sustancialmente, la población más vulnerable sería beneficiada, los resultados son mendicidad, humillación, tutelas y saqueos. El ministro de Hacienda, principal enajenador del patrimonio nacional, su imagen como funcionario público es rechazada por la mayoría de los colombianos por su arrogancia y contradicciones. En una entrevista concedida a la revista Dinero manifestó: “queremos construir capital y darle al país bienes públicos a un ritmo de 1,4% del PIB durante los cuatro años, en lugar de vender los activos y mantener esas cuestionables rentabilidades, son las alternativas que tenemos”. En las siguientes declaraciones afirma que es necesario vender unas acciones de Ecopetrol. ¿Quién lo entiende ministro? Existen instituciones que pueden privatizarse, bajo estudios serios sobre costos-beneficios. Los problemas que se presentan en las entidades del gobierno tienen sello de corrupción y los colombianos conocen quienes son.

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