Altas cortes podrían tumbar salvavidas de Electricaribe

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La Corte Constitucional mantiene vivo el proceso de la demanda de inconstitucional interpuesta por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, contra el plan de salvamento de Electricaribe.
Si bien el Defensor Negret desistió de esta demanda, la Corte aceptó estudiarla y está en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos. El proceso está suspendido por razones de incapacidad médica del togado, pero se prevé que la retome una vez esté nuevamente en su ejercicio profesional.
Está situación mantiene en incertidumbre a gremios y autoridades de la región porque de avanzar el estudio de la demanda y de declararse inconstitucionales los artículos demandados, el proceso de búsqueda de nuevo operador de Electricaribe fracasaría. Claro que cabe la posibilidad que el magistrado archive el proceso.
En la demanda, el defensor buscaba que se declarara inexequible el paquete de iniciativas y disposiciones que aseguran la prestación eficiente del servicio de electricidad en la región Caribe, contenidas en los artículos 313, 315 y 316 de la Ley 1955 de 2019. El artículo 313 del PND, creó la sobretasa al servicio de energía de $4 por kilovatio/hora en todo el país, la cual ya están pagando los usuarios de estratos 4, 5 y 6, los industriales y los comerciantes. El artículo 315 autoriza al Gobierno Nacional a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe. El artículo 316 facilita la integración vertical en el sector energético de la Región Caribe.
Estos artículos según los gobernadores de la región Caribe y los gremios permiten hacer más atractivo el proceso de búsqueda del nuevo operador que reemplazará a Electricaribe, pero si llegaran a tumbarlos los interesados desistirían de participar en el proceso, tal como ocurrió en la primera convocatoria presentada por el Gobierno, donde el reglamento establecía que los inversionistas asumieran la operación de Electricaribe pagando las deudas anteriores a la intervención, el pasivo pensional y las inversiones en infraestructura. sin embargo, No hubo interés de oferentes. Así quedó demostrado que con la carga de los pasivos además de las inversiones en infraestructura por más de $7 billones en 10 años, el negocio no es rentable.
En su momento, el Comité Intergremial del Atlántico calificó como insólita la demanda interpuesta por el defensor del Pueblo asegurando que era una agresión al pueblo colombiano.
Si bien los gobernadores y la bancada Caribe respetan la autonomía de la Corte, piden que se analice el impacto social que tendría para la región el declararse inconstitucional los artículos del PND sobre Electricaribe.

#DIARIOLALIBERTAD

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