Ante los negativos efectos que tendría sobre la economía una eventual caída de la Ley de Financiamiento, la Asociación Nacional de Empresarios – Andi, envía mensaje a la Corte Constitucional solicitando se declare su exequibilidad.
Para Bruce Mac Master, “la decisión sobre la Ley de Financiamiento que tomará la Corte Constitucional no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”.
“Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la Certidumbre Jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, señala el Presidente de la Andi.
Para la agremiación, esta Ley significó un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, contribuye a la competitividad que tanto se había reclamado desde el sector privado y en general fortalece el sector empresarial en Colombia, el cual ya ha realizado una serie de importantes inversiones a la luz del marco normativo que empezó a regir en 2019. También sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión.
Así mismo, la Ley introdujo medidas positivas para impulsar sectores específicos y revitalizar la economía, entre las cuales se resaltan las rentas exentas para economía naranja y sector agrícola; régimen simple de tributación para pequeños empresarios; y régimen favorable para mega inversiones.
De igual forma, cabe recordar que durante años el país ha dado la discusión alrededor de la formalización empresarial y laboral. El régimen simple, además de contribuir a la formalización juega un papel importante como medida de reactivación de la economía, la formalización y la generación de empleo. Adicionalmente, este mecanismo facilitará el pago de impuestos nacionales y territoriales.
La Ley implementó medidas para prevenir la evasión fiscal desde diferentes perspectivas, aspecto que también tendría una seria implicación para las finanzas públicas.
Finalmente, la Ley de financiamiento aumentó los recursos recibidos por impuestos por parte del Estado, garantizando el recaudo de más de 7 billones de pesos adicionales, que hasta la fecha se han reflejado en incremento en los impuestos recibidos por el gobierno nacional de más del 10%, recursos totalmente necesarios para el normal funcionamiento de las políticas públicas desarrollados por el Gobierno Nacional.
Perder todos estos avances en términos tributarios tendría graves consecuencias sobre múltiples aspectos de la economía, considera la asociación de los empresarios.
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