Es importante que por mandato de la ley o voluntariamente –que sería lo mejor– los alcaldes de los municipios den cuenta detallada a sus conciudadanos sobre la gestión que vienen desarrollando.
El mecanismo más apropiado es que estos funcionarios periódicamente presenten sus balances para que así exista claridad acerca de cómo son invertidos los dineros aportados por los contribuyentes durante sus mandatos.
Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de las administraciones municipales –lo cual ocurre con mucha frecuencia–, la ciudadanía no deja de pensar que algo no está resultando bien en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
El plan de gobierno que obligatoriamente se registra en el acto de inscripción, se convierte en letra muerta porque no existe un procedimiento de confrontación de su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Las malas actuaciones administrativas llevan al despilfarro de los recursos que termina siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas cuáles han sido los costos de elegir un alcalde, lo que hace urgente que los alcaldes den a conocer sus balances para que la comunidad en general se entere en qué se gastan los dineros de los contribuyentes durante sus administraciones.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos en el departamento de Atlántico, poblaciones que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Lamentablemente esa es la radiografía social que se puede observar con toda claridad en muchas localidades del sector rural de nuestro departamento, una zona que de manera ancestral ha padecido de un inquietante olvido de las administraciones municipales.
Cuando ya han transcurrido 29 años, el ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes se debería estar produciendo gobiernos transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de su municipalidad, como ocurre en la mayoría de municipios, cuyo alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas.
En todos estos años nos han mostrado: o que la mayoría de los alcaldes no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos corruptos, pícaros e inescrupulosos y especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, por aquello de que pertenecen al mismo grupo político.
Las cifras de alcaldes encartados con la justicia son contundentes; en cada periodo, un alto porcentaje de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía y los jueces por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores –que hacen parte de los mandos medios– y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones el día de las elecciones, entre otras cosas porque no existe un procedimiento de entrega de cuentas, es decir un balance que permita establecer si el alcalde saliente cumplió bien con sus gobernados y en qué invirtió los dineros pagados por los contribuyentes.

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