Nuestro editorial de hoy, basado en indagaciones de nuestra Unidad Investigativa, tiene como objetivo mostrar la incongruencia existente entre la normatividad creada por el Estado, en su afán de erigir una política criminal que le genere seguridad jurídica a la sociedad y la verdadera realidad que pone de manifiesto las condiciones en que se encuentran los reclusos en las cárceles, lo cual no permite un proceso de resocialización.
Lo anterior fue verificado con una investigación desarrollada en las cárceles de la región y del país, donde fueron aplicados diferentes métodos como la encuesta y las visitas que nos permitieron comprobar la inexistencia de procesos de resocialización.
Los tratamientos penitenciarios deben ser desarrollados con base en actividades educativas, laborales, recreativas, culturales y sobre todo de relaciones familiares, teniendo como finalidad preparar al condenado, mediante estas actividades para la vida en libertad, es decir entregar a la sociedad un nuevo individuo, esa es la obligación del Estado.
Para nuestro concepto la privación de la libertad como pena, debe estar direccionada a la reinserción social, la autoridad penitenciaria por lo tanto debe cumplir con la misión ineludible de recuperar socialmente al preso.
En la práctica esta finalidad no se realiza a cabalidad en el interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, diseñados y construidos sin tener en cuenta una proyección del crecimiento de la población carcelaria y el incremento diario de la delincuencia, lo que lógicamente conlleva a que sus capacidades sean insuficientes para albergar a la población carcelaria, dando origen al hacinamiento de esos centros de reclusión en toda Colombia.
El sistema carcelario y penitenciario en Colombia establece que el principal fin de la pena no es castigar al sujeto que cometa delitos, sino brindarle un tratamiento que permita su resocialización y posterior reintegro a la sociedad, fin que se encuentra tipificado en los artículos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, y en el artículo 4 del Código Penal Colombiano.
Si el sistema penitenciario no le ofrece al condenado una opción de cambio por medio de un tratamiento adecuado, los establecimientos carcelarios serán reproductores de delincuencia y perfeccionamiento de delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, violencia, lesiones personales y hasta homicidios, en donde por las situaciones de hacinamiento, el no desarrollo de verdaderos y adecuados programas de trabajo y educación, lo que genera que en su interior se siga delinquiendo y que se presenten riñas internas por el predominio de situaciones ilegales, que conducen a hechos tan lamentables como los ocurridos el 27 de enero de 2014 en la Cárcel Modelo, con saldo de varios muertos y los recientemente ocurridos en la Penitenciaría El Bosque, al igual que en otros centros del país.
Al interior de los establecimientos carcelarios o penitenciarios ocurren fenómenos que impiden el desarrollo de un verdadero proceso de resocialización que definitivamente deben ser erradicados si realmente pretendemos que este fin se cumpla como se establece en la ley y merecen quienes se encuentran allí recluidos.

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