Demanda del Defensor del Pueblo aumenta incertidumbre frente a Electricaribe: Intergremial

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*El gremio afirma que ésta es una agresión contra la región Caribe.

El Comité Intergremial del Atlántico califica como insólita la demanda interpuesta por el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, contra la Ley 1955 de 2019, que expide “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en sus artículos 313, 315 y 316.

Ricardo Plata, presidente del Intergremial del Atlántico, indicó que esa demanda es una agresión al pueblo colombiano, porque la región Caribe es el pueblo colombiano.

Precisó que el defensor del Pueblo está confundido en su papel porque no defiende los intereses de lo costeños pero si los de los inmigrantes venezolanos. “Lo escuché en una emisora defendiendo a los inmigrantes venezolanos, algo con lo que yo también estoy de acuerdo, pero él no es defensor del pueblo venezolano sino colombiano”, anotó Plata.

El ejecutivo espera que esta demanda no prospere porque no tiene ninguna lógica y menos proveniendo del cargo que tiene el demandante, sin embargo considera que esta acción por sí sola ya causa daño porque crea incertidumbre y la incertidumbre es enemiga de la acción pues la gente no sabe qué hacer frente ella.

En este caso considera que esta acción podría frenar el interés de las empresas en el proceso de Electricaribe y esto sería muy grave para la región que esta ávida de contar con un óptimo servicio de energía eléctrica.

Lo propio consideran los gobernadores de la región Caribe que han indicado que esta demanda puede enredar jurídicamente el proceso contra Electricaribe y debilitar los beneficios que busca el Plan Nacional de Desarrollo.
Estiman que si esta acción llega a prosperar, no habría un nuevo operador que asuma la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.

Nueva reunión

El defensor Negret se reunirá con la Bancada Caribe para analizar la solución a la crisis eléctrica de la región. Ayer lo hizo con los gobernadores costeños en la capital del país.
Los gobernadores presentaron al defensor los argumentos que respaldan los artículos de salvamento de Electricaribe, incluidos en el Plan de Desarrollo y los cuales hacen que la empresa sea atractiva para los inversionistas.

Al indicar que esta demanda es perjudicial para la región, la Gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Devia, dijo que “En Córdoba todas las semanas hay huelgas y problemas de orden público por la ineficiencia en el servicio. No podemos retrasar esta situación que afecta a 10 millones de usuarios”.

Luego de esta cita, la Federación Nacional de Departamentos anunció que emitirá una posición jurídica a favor de la región Caribe ante esta demanda.
Cabe señalar que la demanda es pública y aún no ha sido admitida por lo que los gobernadores esperan que la Defensoría contemple la posibilidad de desistir de ella.
Sobre esta posibilidad de desistimiento el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, sostuvo que se está revisando aunque también manifestó que podrían darse que la Corte no admita la demanda.
La Federación indicó “Somos portavoces de la preocupación de los gobernadores de la región frente a la demanda de la Defensoria en artículos del PND sobre Electricaribe. Esta situación afecta la prestación del servicio, la competitividad y la posibilidad de inversión extranjera”.

La demanda

El defensor Carlos Alfonso Negret busca que se declare inexequible el paquete de iniciativas y disposiciones que aseguran la prestación eficiente del servicio de electricidad en la región Caribe.
La Defensoría, en un el documento de 40 páginas detalla los argumentos jurídicos y jurisprudenciales, frente a los tres artículos demandados.
El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i – usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii – sectores industrial y comercial, y iii – usuarios no regulados del servicio.
Este artículo exige que el cargo adicional debe ser recaudado por las empresas comercializadoras de electricidad y deben girarlo directamente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para apalancar financieramente la prestación del servicio público de energía eléctrica.
“El cargo creado en este artículo es un impuesto y no una sobretasa, se trata de una prestación definida unilateralmente por el Estado, puesto que no está sometida a ninguna expresión de la voluntad de los sujetos pasivos del cobro”, argumenta la Defensoría.
Agrega que “las sumas pagadas por los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto creado en el artículo 133, no ingresará al presupuesto general de la Nación, para que su destinación se establezca anualmente en la ley correspondiente, sino que entrarían directamente a financiar la actividad del Fondo Empresarial”.
Los otros artículos demandados, el 315 autoriza al Gobierno Nacional a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, lo que garantiza el pago de esos recursos a los más de 3 mil pensionados que tiene la empresa. Y el artículo 316 facilita la integración vertical en el sector energético de la Región Caribe, encaminada a la realización de actividades de comercialización, distribución y generación de energía, antes limitadas en el artículo 74 de la Ley 143 de 1994.
Para el Defensor del Pueblo, los artículos 315 y 316 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), contravienen la prohibición del artículo 355 constitucional, “puesto que establecen la transferencia de recursos estatales en favor de una empresa con carácter privado, transgrediendo reglas desarrolladas por la Corte Constitucional para la entrega de dichos recursos a los particulares”.

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