Dos nuevos informes de víctimas recibió este jueves la JEP, ambos relacionados con la difícil situación de las comunidades de Yarumal (Antioquia) y Tumaco (Nariño) durante el conflicto armado. Así son ya 214 los informes que le han entregado a la JEP.
La Mesa de Participación de Víctimas de Yarumal, Antioquia, entregó “El libro blanco de Yarumal. Por la memoria, la vida y la dignidad de las víctimas del conflicto armado”.
El informe, a través de una línea de tiempo entre 1987 y 2017, refleja cómo este municipio fue afectado por las FARC (los frentes 36 y 18), el ELN, las Autodefensas Campesinas del Norte, las Convivir, los paramilitares (1997-2007) y otros grupos armados.
Al evento asistieron los representantes de las víctimas de Yarumal, del que hacen parte los corregimientos de Ochalí, Cedeño, El Rosario y Llanos de Cuivá.
“Depositamos nuestra confianza en la JEP y en todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, dijo Magdalena Calle, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Yarumal. Y solicitó, además, que entre los casos que ya abrió esta Jurisdicción sean tenidos en cuenta los hechos que vivió su municipio.
Al cierre de la entrega del informe, la magistrada Reinere Jaramillo reiteró el compromiso de la JEP con las víctimas, con la verdad plena y con la justicia. “Ustedes son la razón de ser de esta Jurisdicción. Su participación es muy valiosa para nosotros”, concluyó.
A la fecha, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha recibido 214 informes.
UN INFORME DE LOS CAMPESINOS DE TUMACO
La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) presentó también este jueves ante la JEP el informe “Tumaco: cansados de la guerra, anhelantes de la paz”, en el que aborda las distintas formas de violencia y los actos cometidos por diferentes grupos armados en Tumaco, específicamente, el impacto en los campesinos de la comunidad de Alto Mira y Frontera. Y también casos puntuales en Ricaurte; La Llanada, vereda El Vergel, y Santa Cruz de Guachavez, en el sector de Santa María.
Nathalia Zuluaga, coordinadora de este informe, dijo que este acto es importante para las víctimas porque es una nueva posibilidad de confiar en una justicia, distinta a la ordinaria, y obtener reparación a los daños sufridos. Y recalcó que esta es otra forma de hacer visible lo que ocurre en esa región.
Este informe, según Belkis Izquierdo, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas, será incorporado en el marco del caso 02, correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño,) por los hechos presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y de la Fuerza Pública, entre 1990 y 2016-.
Sobre la situación de Tumaco, ella explicó: “este informe es muy importante porque es el primero que proviene de organizaciones campesinas. Y para nosotros es fundamental realizar un proceso de acercamiento y de consolidación de rutas de coordinación con comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y poblaciones urbanas”.
César Murcia, en representación de las víctimas de Tumaco y de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira Nulpe y Mataje (Adominuma), hizo saber que este informe es la única alternativa que tienen. “Prácticamente, es como nuestra vida. En las únicas personas que estamos confiando ahorita son en las de la Jurisdicción”.
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