La cadena perpetua ya existe en los códigos

Nuevamente se abre el debate sobre la cadena perpetua para violadores de infantes en el país, las opiniones de las bancadas de partidos políticos en el Congreso de la República están divididas. Es evidente que el delito es macabro y quienes atentan contra la niñez deben ser castigados con las penas más altas de los códigos. El problema es el protagonismo de los legisladores que se rasgan las vestiduras tratando de demostrar que sufren más que las víctimas. Igualmente es evidente que estos debates son un verdadero desgaste legislativo y apuntan a otros intereses.
Es un desgaste por existir ya en Colombia la cadena perpetua para violadores de infantes, lo que se requiere es mayor rigidez y represión en la norma. Condenar a un violador a 50 o 60 años de prisión es castigarlo por el resto de su vida en pabellones aislados y sin visitas conyugales; no tenga derecho a los beneficios que conceden las leyes, por buena conducta, estudios, enfermedad, haber cumplido parte de la pena y demás. El Estado debe ser inflexible con los enfermos sexuales, abusadores de infantes y lo que atente con su seguridad en cualquier modalidad delictiva. En voz alta y aguda todos los congresistas recordaron leyes, decretos y demás disposiciones que protegen la integridad de los niños en Colombia y algunos los defendieron en nombre de sus hijos y nietos. El sentimiento maternal y paternal afloró en el Congreso y se tornó humanista dejando de lado las pretensiones políticas. ¿Será que fue teatro?, no lo creo. Nuevamente surge la fórmula ‘Causa y Efecto’, todo tiene su final bueno o malo y en este caso debemos investigar y focalizar donde está el problema. El estudio debe iniciarse desde la vivienda del infante, se afirma que los violadores generalmente son personas próximas a las víctimas que aprovechan la promiscuidad y el hacinamiento por la condición de pobreza. Es necesario conocer la situación integral del infante, edad, educación, salud, situación económica y ocupación de los padres o tutores, en fin, todo. Estas variables no fueron anunciadas por ningún congresista y son determinantes para afrontar el aberrante fenómeno que requieren estudios sociológicos profundos.
El problema de la niñez es tan común como referirse a los asesinatos de líderes comunales, crímenes del narcotráfico, corrupción, pobreza y desempleo. La institución más criticada en Colombia por sus funciones y responsabilidad es el ICBF y no ha podido superarlas en ningún gobierno y administraciones, en algunas nefastas. ¿Será que la gestión adelantada por el ICBF es tan compleja que no puede manejarse o existen otras causas que la condicionan y determinan? Es posible. Normalmente las administraciones del ICBF mantienen agrias relaciones con los medios de comunicación por denunciar el mal manejo de sus recursos y no pasa nada. Haciendo justicia, lo social no solo es responsabilidad de las instituciones del Estado sino de todos los ciudadanos, empresas privadas, academia, cajas de compensaciones que manejan grandes recursos económicos de los colombianos, al igual que los fondos de pensiones, IPS, EPS, es decir, todas las agrupaciones sociales. Así mismo, el bienestar es un esfuerzo de todos para poder alcanzar el bien común y obtener el desarrollo social. En el recinto del Congreso no hubo pronunciamiento sobre estos temas, pero sí lamentaciones y acusaciones contra los organismos encargados de atender a los niños.
Ampliar la cobertura de cupos en los centros de atención a los niños en zona de alto riesgo, focalizar con precisión los sitios vulnerables de las ciudades, municipios y veredas para adelantar programas de prevención debe ser prioritario. Realizar una fuerte reingeniería al ICBF con personal profesional y comprometido, alejar la politiquería y brindarle autonomía e independencia como el Banco de la República, es lo que se necesita. Las asociaciones de padres de familia, rectores de colegios privados y la Confederación de Trabajadores, entre otros grupos, ejerzan veeduría las veces que sean necesarias, son algunas de las recomendaciones. Con insistencia los congresistas manifestaban que los niños gozan de prevalencia en sus derechos según la Constitución, en consecuencia el gobierno tiene la obligación de solucionar a cualquier costo su seguridad, creando políticas públicas bien diseñadas. Los colombianos sabemos que estos últimos debates populistas por la aproximación de las elecciones y los proyectos presentados al Congreso por el partido de gobierno del mismo corte social dejan un sabor amargo en la ciudadanía. En respuesta los grupos insurgentes y mafiosos retan y condicionan sus campañas proselitistas. Lo que no es bueno para la democracia.

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