La Procuraduría General de la Nación revisará las razones que tuvo la Unidad de Restitución de Tierras -URT- para negar 47.516 solicitudes de acceso al proceso de restitución presentadas por víctimas reclamantes de tierras.

Al iniciar una acción preventiva sobre esas decisiones, que representan el 63% de las peticiones tramitadas por esa entidad, el Ministerio Público busca verificar si las víctimas contaron con las garantías del debido proceso, contradicción y defensa.

Las decisiones objeto de vigilancia y seguimiento tienen que ver con la negativa de inscribir a las víctimas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, requisito indispensable para acceder a la etapa judicial del proceso y obtener medidas de reparación integral, en especial la restitución de tierras.

El Ministerio Público evaluará si esas decisiones se ajustaron a lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y solicitará, si es del caso, la revocatoria de los actos administrativos que negaron el derecho a la restitución de tierras.

Según cifras de la URT, al 30 de junio pasado los departamentos donde se respondieron negativamente más solicitudes para acceder a la inscripción en el RTDAF fueron Meta, con 4.627; Cesar, 4.489; Valle del Cauca, 4.329; Córdoba, 4.325, y Magdalena, 3.487.

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