Megacárcel en Candelaria

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Sin duda otra de las imperiosas necesidades del Estado colombiano es la implementación de soluciones para afrontar la grave problemática que padece la mayoría de las cárceles del país. Por eso nos llama mucho la atención la polémica generada entre los habitantes del municipio atlanticense de Candelaria, a raíz del anuncio de la construcción de una megacárcel en esa jurisdicción.

Las recientes palabras del Presidente Iván Duque con relación a este tema resultan preocupantes; según lo manifestó, una de las soluciones es darle una serie de recursos al Inpec, “para aumentar la capacidad carcelaria” en Colombia y un paso para tal iniciativa es la proyectada de Candelaria.

Esto significa que estamos ante la misma repetida receta de aumentar el número de cárceles, en vez de implementar políticas públicas encaminadas a disminuir la demanda de estas.

En lugar de invertir más recursos públicos en cárceles con más cupos, se debe es disminuir la criminalidad desde la misma política criminal del Estado.

Está claro que esto se conseguirá mediante la implementación de medidas que ya la academia ha estudiado y recomendado en el pasado.

Consideramos muy importante impulsar programas sociales encaminados a otorgarle a la población más vulnerable acceso a la educación, a condiciones laborales dignas y al entretenimiento, de tal forma que aumente la equidad en el país y haya una mejor distribución del ingreso.

Con el desarrollo de estos programas sociales, lo más seguro es que disminuyan los delitos contra la vida y el patrimonio económico y por lo tanto, también se reduzca la demanda carcelaria.

En segundo lugar, dejar en libertad a las personas que se encuentran recluidas por más de quince años, sin una sentencia condenatoria.

Con esto se consiguen dos fines justificados dentro del sistema jurídico: por un lado, se garantiza materialmente el principio de presunción de inocencia, y por otro, se disminuye la demanda de cupos en las cárceles.

Así mismo se debe llamar la atención a nuestros legisladores para que sólo consagre tipos penales con debida obediencia al principio de universal del derecho penal, consideramos que la crisis en las cárceles tiene que ser el punto de partida de una reforma estructural en lo administrativo, pero también en lo normativo, y que bien puede ser el primer paso de la transformación que pide a gritos la justicia colombiana.

En otras palabras, y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reciente jurisprudencia, se debe tratar de penalizar mediante la privación de la libertad únicamente aquellas conductas que atenten contra bienes jurídicos de mayor jerarquía que la propia libertad, con lo que también se conseguiría disminuir la demanda carcelaria.

Sin embargo, estas medidas deben ser estudiadas e implementadas minuciosamente, para evitar que la sociedad sienta que se esté fomentando la impunidad.

Es importante implementar algunas políticas para que las cárceles tengan una mayor función resocializadora para que el recluso no salga peor que cuando ingresó al sitio de reclusión; porque con solucionar los problemas de hacinamiento, salud y servicios, no se solucionan todos los inconvenientes conocidos.

Es indiscutible que hay unas cárceles, convertidas en verdaderas universidades del delito, muy lejos de su fin resocializador, una circunstancia que contribuye a la mala calificación del sistema carcelario en Colombia.

El hecho que estos centros carcelarios sobrepasen el limite de su capacidad conduce, entre otros efectos, a que los lugares de reclusión transitorios, como las Unidades de Reacción Inmediata – URI de la Fiscalía, sean verdaderas bombas de tiempo por la cantidad de personas detenidas que allí permanecen, un caso patético es la URI de Barranquilla.

Algunas de nuestras recomendaciones de hoy estaban en los primeros borradores de la reforma carcelaria, pero finalmente fueron retirarlas por conveniencia política.

Lo cierto es que es más fácil y popular tramitar aumentos de penas a discreción en el Congreso, que plantear soluciones a la penosa situación del sistema carcelario y penitenciario de Colombia.

Estamos completamente de acuerdo que un incremento en el monto de los recursos para afrontar la crisis es positivo, pero se hace necesario que el Gobierno sea consciente que esta situación no se soluciona únicamente aumentando la capacidad carcelaria en Colombia.

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