Contraloría y corrupción

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Para nadie resulta un secreto que uno de los fenómenos que más daño le ha hecho a Colombia ha sido la corrupción. Ese elemento ha sido causal del atraso y el desequilibrio social que hoy nos caracteriza. Ha sido factor de enriquecimiento para cientos de personas que amparadas en la impunidad siguen con el disfrute de los dineros públicos. Ha sido muestra de la ineficiencia de entidades que, aun con la obligación de investigar y hacer cumplir la ley, se han convertido en objeto de burlas de la comunidad.
La corrupción ha pasado a convertirse en el enemigo más acérrimo de nuestro sistema democrático. La estabilidad y su futuro dependen en gran medida de la lucha que se libre contra ese flagelo de mil tentáculos que amenaza la integralidad de nuestras instituciones y un mejor porvenir de la sociedad colombiana.
Todo lo que se pueda hacer para erradicar su práctica y castigar de manera severa y ejemplar a quienes promuevan y participen de tales actividades debe considerarse acertado. En este contexto, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma a la entidad, buscando más y mejores herramientas para afrontar con eficacia y eficiencia el flagelo de la corrupción. “Hay que cambiar el modelo con que vigilamos los recursos públicos, para poder enfrentar los poderes e instrumentos con que cuentan los corruptos”, dice el alto funcionario.
Básicamente, lo que pretende el proyecto es dotar a la Contraloría de una capacidad para ejercer el control preventivo y concomitante frente a la ejecución del gasto público; vale decir, pretende anticiparse de manera efectiva a los perjuicios y dejar de ser un sujeto pasivo contemplador de los descalabros presupuestales, en donde se desvían o roban los recursos que se destinan a la educación, salud, seguridad, infraestructura y saneamiento básico en todo el país.
Claro que han surgido críticas desde sectores importantes porque consideran que ese control preventivo podría desembocar en la parálisis de obras y proyectos de gran trascendencia, pero lo que se debe tener en cuenta es que se está perdiendo la batalla contra la corrupción y las entidades encargadas de salvaguardar los intereses del país están dejando de actuar porque no cuentan con herramientas precisas y efectivas que garanticen la protección de los recursos y el castigo a los responsables de promover las actividades corruptas.
Desde todo el territorio nacional se denuncian los actos de corrupción y se exige a las autoridades reaccionar, pero son pocos los resultados que se obtienen; por ello, la realidad nos está indicando que se debe actuar en concordancia y de forma contundente, porque los dineros se los están robando los corruptos y eso se refleja en más desigualdad y pobreza para los colombianos. El Congreso tiene ahora la oportunidad de apoyar a la Contraloría General y de unirse a esta lucha contra el mayor de los flagelos que afecta al país. Por encima de cualquier consideración debe estar la decisión de defender la integralidad de los recursos públicos y su propósito de contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad nacional.

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