Más allá de la certificación

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Como viene sucediendo cada año, desde hace más de tres décadas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica emitió en esta oportunidad su decisión de certificar o no a los países productores y por donde transitan las drogas ilícitas.
Bajo la figura de esa herramienta coercitiva, nuestro país resultó certificado y con ello se ratifica el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la lucha contra la producción y el tráfico de drogas desde Colombia hacia los Estados Unidos. Hasta aquí, nada ha resultado diferente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, caracterizada más bien esa relación con las subidas de tono del actual mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de que se reduzcan las hectáreas cultivadas de coca en el territorio colombiano.
En el fondo de esta situación que año tras año traza pautas al gobierno colombiano, lo que hay es la continuación de un problema que no ha podido ser solucionado, pese a los millones de recursos económicos que se han invertido para su erradicación y a los compromisos que se hacen por parte de cada gobernante para reducir el tráfico y el consumo.
Trasladar esas promesas del papel a la realidad es lo complicado. El mercado de la oferta y demanda mueve al mundo y en materia de drogas ilícitas son miles de millones de dólares los que están en juego y miles las personas que de una u otra manera son protagonistas de ese tejemaneje, donde las ganancias y prebendas son elevadísimas.
En nuestro país la situación también ha cambiado. Hemos pasado de ser una nación productora a ser también consumidores, lo que agrava más el problema y hace requerir la colaboración de más elementos para afrontar este crudo panorama. Los tentáculos del narcotráfico son extensos y han permeado a muchas instituciones y miembros de alta jerarquía, por ello los pasos que se deben dar para coordinar las medidas que se han de adoptar con destino a la erradicación de los cultivos ilícitos tendrán que ser firmes y decisivos, sin dejar de lado a la comunidad.
Lo cierto es que el gobierno colombiano no puede dejar de actuar y permitir que se vuelva a desbocar el cultivo y la producción cocalera. Los efectos y consecuencias de esos índices conllevarían a expandir más problemas a un país que trata de reivindicarse y de enrumbar su futuro por vías más emprendedoras y en paz.
La tarea nadie ha dicho que será fácil, pero lo será menos si no se cuenta con el apoyo y la colaboración de los Estados Unidos, más ahora cuando se ha confirmado una buena relación y existe el común interés de bajar esos índices de hectáreas sembradas, brindándoles a los cultivadores y campesinos mejores posibilidades de negocios, con las garantías de seguridad y comercialización de sus productos. Lo otro es preservar la permanencia del Estado en esas zonas con la fuerza pública, con el propósito de garantizar el orden y la tranquilidad, y erradicar, eso sí, las organizaciones y bandas criminales de esos territorios.

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