La venta de avales es una práctica sucia

Nuevamente se repite la historia de prácticas sucias en las elecciones, en esta ocasión la venta de avales a candidatos sin partidos que pretenden ocupar cargos públicos de elección popular. Los partidos políticos son los únicos que tienen la potestad de incluirlos en las listas y poder competir en la contienda electoral. Es vergonzoso por decir lo menos que esas agrupaciones exijan dinero para expedir avales sin ejercer control e investigar al aspirante. El Consejo Electoral informó que todas las colectividades realizaron estas prácticas aberrantes y los candidatos que pagan por incluirlos en las listas y compran votos en las elecciones no tienen ningún compromiso con el país y para recuperar esos dineros se roban los recursos públicos en caso de obtener la curul.
Los partidos políticos son las únicas agrupaciones que pueden entregar avales a los aspirantes a corporaciones públicas de elección popular y la otra fórmula es por firma que debe recoger el aspirante. Entregar avales a cambio de dinero es un delito que conlleva a todos los males del buen gobierno y desgasta la democracia. En el pasado reciente el candidato debía someterse a las directrices del partido y observar buena conducta para ganarse el aval y en caso de ser elegido, la colectividad era la poseedora de la curul. Con esta fórmula el elegido estaría obligado a defender su colectividad y cumplir los programas que trazara, no obedecer sería expulsado. El pluralismo democrático ha tomado fuerza por enfrentamientos partidistas para conquistar el poder y se calcula en más de 20 corrientes, algunas sin ideologías y las otras sin liderazgos donde cada quien defiende sus intereses. Las consecuencias están a la vista, violencia contra los líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados con sevicia en todos los lugares del territorio nacional y no pasa nada. El creciente desempleo que aumenta en todos los sectores de la producción causa estragos en los hogares colombianos al igual que la informalidad y la inflación no la puede controlar el Banco de la República. Las propuestas de los candidatos contradicen la realidad del país y el avance de la criminalidad no tiene límites. Las ciudades fueron tomadas por las mafias y los medios de comunicación divulgan sin piedad los saqueos de los dineros públicos y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Sencillamente por la ingobernabilidad del país y falta de autoridad, la crisis institucional y ética de las fuerzas del orden conocidas por todos es evidente.
Los partidos políticos no han podido superar su responsabilidad con los colombianos y se evidencia por la ruptura que se presenta en las bases por falta de programas serios y liderazgos. Los directores de partidos no brindan confianza para seleccionar a sus representantes en las próximas elecciones de octubre es el motivo fundamental de descontento. Desde sus orígenes, los partidos políticos han reseñado sus tesis programáticas en forma consensuada para defender los principios democráticos como columna vertebral del sistema. Los partidos fueron creados para agrupar a los ciudadanos con inquietudes ideológicas parecidas, promover la conciencia ciudadana, defender la sociedad, respetar la autoridad y el Estado de derecho, ceñirse a las reglas electorales, conservar buenas relaciones con el Estado y las instituciones, en general los aspectos de orden social. Sin embargo, muchas de estas obligaciones impuestas por ellos mismos son violadas atendiendo intereses políticos y económicos.
En Colombia es común que los partidos infrinjan acuerdos y convenios partidistas para obtener ventajas en las elecciones y lograr más poder. Favorecer a empresas privadas en perjuicio del Estado como el reciente caso del arbitro que falló a favor del Estado de no pagar a la banca privada más de un billón de pesos por la defraudación de Odebrecht es el apaga y vámonos. Los colombianos notamos claramente como los ministros de Hacienda y Obras Públicas estaban del lado de los bancos en el litigio. Carrasquilla había elaborado la agenda de pago hasta el 2021. Este hecho requiere investigación judicial para conocer las razones que tenían los altos funcionarios en favorecer a los bancos privados. Desde siempre se comenta que el Estado cumple con sus funciones y compromisos sociales. Los perversos son nuestros representantes que elegimos y ellos en contubernio nombran en cargos estratégicos a sus testaferros para que saqueen las finanzas de la nación. Lo grave de la situación es que los directores de los partidos conocen de estas irregularidades y son conscientes del perjuicio ético que causa vender avales no solo para la democracia sino la estabilidad del país. Y no pasa nada.

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