En una sociedad con altos niveles de corrupción como la nuestra, el imaginario colectivo ha encasillado a los funcionarios públicos como personas que llegan a esos cargos para esquilmar y direccionar a manos indebidas los dineros públicos que tiene a su disposición y con el que pueden desempeñar una buena gestión. Es una idea generalizada que cada día toma más fuerza con todos los casos de desviación de recursos que se publican en los medios de comunicación.

No sabemos si Armando de Jesús De la Hoz Berdugo, Secretario de Salud del departamento del Atlántico, llegó allí para validar ese imaginario colectivo, pero comenzaremos a publicar una serie de investigaciones periodísticas que darán un panorama de lo que ha estado haciendo este funcionario durante estos cuatro años del gobierno de Eduardo Verano.

Hemos revisado el contrato No.0155*2018*000860 que firmó Armando de Jesús De la Hoz Berdugo como representante legal de la Secretaría de Salud del Atlántico y encontramos un total irrespeto a la Ley de contratación estatal y una contundente muestra de corrupción en esta institución gubernamental. Veamos.

Es cierto que la Secretaría de Salud del Atlántico tiene una necesidad imperativa de realizar campañas masivas de divulgación y prevención de temas críticos de salud pública, para lo cual el departamento de comunicaciones de esta secretaría elaboró y estructuró los estudios previos dirigidos a “la contratación de diseño, producción y emisión de mensajes institucionales por medios masivos de comunicación dentro de la estrategia de información para la prevención de factores de riesgo y promoción de factores protectores”.

Allí está esbozada la necesidad imperiosa de un ente del Estado para contratar con un particular, para que realice lo necesario y solucione la necesidad planteada. De esta manera, se materializa lo que se llama un proceso de compra pública.

¿Y cuál es el primer paso para llevar a cabo este proceso y qué debe hacer cualquier funcionario público honesto, transparente y eficiente?

Si una necesidad como la planteada por la Secretaría de Salud del Atlántico, que consuetudinariamente cada año se realiza, con presupuestos que superan los $588 millones de pesos (en este caso con certificado de disponibilidad presupuestal No.380451), lo primero que debe hacer el funcionario responsable del gasto público es hacer pública esta necesidad. La redundancia es necesaria pues se trata de una compra pública.

Independiente de la decisión para escoger qué tipo de contrato permite la Ley en estos casos, ya sea contratación directa, o licitación pública, o por concurso, el funcionario tiene la obligación constitucional de dar a conocer esta necesidad a la comunidad, al mercado de oferentes.

Violación del Artículo 333 de la Constitución Política
Sin embargo, el secretario de Salud del Atlántico, otorgó de manera directa (a dedo) el contrato No.0155*2018*000860 a la firma Grupo Casa Creativa SAS, por un valor de $588.696.150, para el diseño, producción y emisión de mensajes institucionales por medios masivos de comunicación dentro de la estrategia de información, educación y comunicación para la prevención de factores de riesgo y promoción de factores protectores. De la hoz no dio a conocer a la comunidad ni publicó esta necesidad de compra pública.

Sabemos que es una conducta reiterativa en esta secretaría con relación a la contratación pública, de tal manera que este año 2019 también sucedió lo mismo. Vemos claramente una manifiesta negativa a salvaguardar la libre competencia y a seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, lo que se traduce en un “perrateo” a los principios de la contratación pública como la libertad de acceso, publicidad y transparencia de las necesidades de compra, la no discriminación e igualdad de trato de oferentes, y la eficiente utilización de los fondos públicos.

Funcionarios públicos como Armando de Jesús De la Hoz Berdugo deben saber que la inobservancia de normas de competencia en los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios públicos resulta ser una de las causas que propicia una contratación discriminatoria y corrupta, en la medida en que deslegitimiza la acción estatal, sobre todo, en los casos en los cuales debería auto resguardarse de prácticas que atentan contra el patrimonio público que administran.

Sin tener en cuenta el mandato constitucional contenido en el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, De la Hoz Berdugo envió una carta de invitación a la firma Grupo Casa Creativa SAS, el 20 de junio de 2018, para que presentara una propuesta de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión. En esta carta de invitación se detallaban todos los términos, alcance del objeto contractual y actividades a desarrollar.

Quince días después, el 6 de julio de 2018, ya estaban firmando el contrato No.0155*2018*000860, Armando de Jesús De la Hoz Berdugo como representante legal de la Secretaría de Salud del Atlántico y Heber Enrique García Polo, representante legal de Grupo Casa Creativa SAS.

¿De dónde sacó esta empresa el secretario Armando de Jesús De la Hoz Berdugo? ¿Quién se la recomendó o quién se la impuso? ¿Por qué no invitó a otras empresas igualmente competitivas en este ramo?

En la gobernación del Atlántico todo el mundo sabe que la firma Grupo Casa Creativa SAS es de Iván Reátiga, exjefe de De la Hoz y amigo personal de Eduardo Verano.

Se trata, sin duda, de una de las conductas que más afecta los procesos de contratación pública en Colombia, pues a todas luces se nota un acuerdo anticompetitivo. La Superintendencia de Industria y Comercio define los acuerdos anticompetitivos como “todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas, que prevenga, restrinja, o distorsione la competencia o tenga la potencialidad de surtir uno de estos efectos”.

Para evitar estas malas prácticas contractuales, que a la larga representan un detrimento económico para los recursos públicos, la ley colombiana ha hecho un esfuerzo para dotar al sistema de contratación de herramientas capaces de hacer frente a estas situaciones, como el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Toda Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

Pero el secretario de Salud del Atlántico violó descaradamente la Ley, y solo hasta el 24 de abril de 2019, esta dependencia publicó en el Secop los documentos del contrato No.0155*2018*000860. Como nadie vigila a estos funcionarios, creen que pueden hacer y deshacer a su antojo con los dineros públicos.

De la Hoz Berdugo desconoció el Decreto 1081 de 2015 pues creyó que iniciando la publicación de este contrato en el SECOP, el 8 de agosto de 2018, a las 3:18 PM, ya cumplía con Ley.

La Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente dice en unos de sus apartes: Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

El primer documento de este proceso de contratación fue el Estudio Previo, y fue realizado el 19 de junio de 2018, pero se publicó en el SECOP un años después el 24 de abril de 2019. Esta falta de transparencia contraría la naturaleza del Estado de derecho, que debe garantizar el principio de la competencia justa, la selección objetiva, igualdad de trato y libre competencia.

En este sentido, el Consejo de Estado ha expresado su posición concordante de utilizar los procedimientos que impliquen los mayores beneficios para la Administración y por lo tanto para la comunidad:

Como aplicación fundamental del principio de transparencia, el artículo 24 de la citada Ley 80, impone como regla general que la selección del contratista se efectúe mediante el procedimiento de la licitación pública o el concurso público y excepcionalmente, mediante el sistema de contratación directa; igualmente, establece la posibilidad de controvertir los informes, conceptos y decisiones adopadas por la Administración; ordena que las actuaciones de la Administración sean públicas y ajustadas a la legalidad; dispone que los actos que expida en ejercicio de la actividad contractual o con ocasión de ella, estén debidamente motivados y prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva (Consejo de Estado, Sentrencia 24715 ce 2007).

Entonces, el contrato No.0155*2018*000860, a primera vista, está hecho en contravía al espíritu de la Ley, que siempre va en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia.

Tomado de…https://corrupcionaldia.com/el-uso-insano-de-los-dineros-publicos-en-la-secretaria-de-salud-del-atlantico/

#DIARIOLALIBERTAD

Comentarios