Triste atracadero

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En 1995, con la excusa de los cien años del “Muelle Cisneros”, se botó más de medio millón de dólares que equivalen, aproximadamente, a mil setecientos millones de pesos de los de hoy.

El debate electoral del mes de Octubre del año de 1994 fue uno particularmente encarnizado en un municipio de treinta mil habitantes, con un presupuesto de menos de cien mil millones de pesos anuales que soportaba los efectos que sobre el turismo ejercían un servicio de agua potable inexistente, un servicio de energía intermitente, un desempleo en Barranquilla del 18% y una inflación bestial del 22.6%. a eso se le sumaba la pérdida del territorio y del situado electoral del Corregimiento de La Playa por iniciativa del Senador José Name Terán a favor de Barranquilla, y el avance de la Concesión Vía al Mar con su Peaje en “Los Papiros”, encabezada entonces por David Name Terán.

En ese escenario económico y político, la expectativa por la disponibilidad de medio millón de dólares adicionales para ser gastados a partir del primer año de Gobierno, explicaban el encarnizamiento.

Veamos cómo se configuró esta “tormenta perfecta”.
En Enero del año de 1994, se sancionó la Ley 110 por la cual La Nación se asociaba al centenario de la inauguración oficial del Muelle de Puerto Colombia que, en virtud de aquella norma promovida por el Senador Fuad Char Abdala, en lo sucesivo se llamaría “”Muelle o Camellón Cisneros”, en homenaje a la memoria de su constructor”, el ingeniero Cubano Francisco Javier Cisneros Correa; que también lo fue del tramo del ferrocarril de Bolívar entre Salgar (Nueva Sabanilla) y Puerto Colombia (Cupino), luego del desastre del llamado “Puerto Belillo”. La calamidad ocurrió porque improvidentemente fue construido sobre un garfio litoral que colapsó llevándose, a las profundidades marinas sedimentos, vigas, madera creosotada, pardes, techos, edificaciones completas, rieles, traviesas y equipos.
En aquella Ley se ordenaron, con el visto bueno del Presidente Cesar Gaviria y el de sus Ministros de Hacienda y de Transporte, entidad a la cual estaba adscrita la propiedad de aquella infraestructura centenaria, varias partidas presupuestales.
La naturaleza, monto y destino de las mismas reflejan la decisión del MOP de quitarse de encima ese “camarón”, las tensiones, las “discusiones bizantinas” y el desconocimiento acerca de lo que había que hacer con “El Muelle”.
Fueron quinientos millones de pesos que equivalían a USD 547,711.12.
Sí. Más de medio millón de dólares que al cambio del día de hoy equivalen a más de mil setecientos millones de pesos ($ 1, 741, 721,346.49).

¿Cómo fue la Feria?

“ARTÍCULO 3o. De conformidad con los artículos 334 y 341, inciso final; 345 y 346 de la Constitución Nacional, compete al Gobierno Nacional apropiar dentro de su Presupuesto General de Gastos correspondiente a la vigencia año 1995, la suma de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000), para ejecutar las siguientes obras de inversión en el Municipio de Puerto Colombia:
Proyecto número 1.
Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento, compra de maquinaria para bombeo, extensión de redes, ampliación y mejora del acueducto de Puerto Colombia, en el Departamento del Atlántico.
APORTE: $ 200.000.000.
Proyecto número 2.
Iluminación, terminación de barandas y embellecimiento del Muelle de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico, que en adelante se denominará “Muelle o Camellón Cisneros”, en homenaje a la memoria de su constructor.
APORTE: $100.000.000.
Proyecto número 3.
Adecuación y limpieza de playas, comunicación del Mar Caribe con la Laguna de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico.
APORTE: $ 100.000.000.
Proyecto número 4.
Construcción de un parque deportivo que se denominará “Parque Cisneros”, con canchas de basquetbol, voleibol y microfútbol.
APORTE: $ 100.000.000.”
El texto de la Ley es todo un compendio de la falta de conocimiento acerca de la naturaleza del problema y de la utilización perversa del “Muelle” como un símbolo para conseguir dinero y obtener concesiones y ventajas. Veamos:
El hecho de que se ordene en esa Ley que esta infraestructura en lo sucesivo debería llamarse “Muelle o Camellón Cisneros” y que en todos estos 25 años en ningún documento, estudio, artículo, discusión o plan, oficial, se le llame o identifique de esta manera, revela el carácter inane de la norma legal cuando esta no refleja ni el sentir, ni la identidad de una comunidad política que desconoce los méritos de la obra y los aportes que hizo su fundador a la historia económica, institucional, científica y tecnológica de Colombia y Cuba.
El que se determine equívocamente la naturaleza de su función utilitaria, indica que tampoco hemos aprendido a diferenciar un “muelle” de un “camellón”.
Es que para el caso, no es lo mismo una “obra de piedra, hierro o madera construida en dirección conveniente en la orilla del mar o de un río navegable y que sirve para facilitar el embarque y de desembarque de cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones”, que un “trozo, a veces ajardinado que divide las dos calzadas de una avenida o un promontorio de tierra largo y compactado para transitar a la orilla de un río o por entre terrenos pantanosos”.

Lo primero, es un muelle. Lo segundo un malecón.
Pero, para los legisladores y para los autores de la iniciativa, dio lo mismo una cosa que la otra.

Quizás por eso, por confundir una y otra, al momento de decidir qué hacer con el dinero, asumieron del paseo urbano, lo de las calles ajardinadas, el atributo ornamental y por eso decidieron asignar el 20% de aquella partida global, una quinta parte de esa suma, para acciones de embellecimiento de la estructura.
Eso quiere decir que en cosmética y maquillaje del “Muelle Cisneros”, se gastaron USD 109. 542.22, casi trescientos cuarenta y nueve millones de pesos de los de hoy.

El 40% de la asignación presupuestal se destinó para resolver problemas del acueducto municipal que en aquella época era “la vena rota” por donde fluían recursos oficiales sin control y en donde los ingresos eran pírricos ya que no existía micro- medición y el cobro de las cuotas mensuales asignadas era “selectivo”: en la práctica no se les cobraba el servicio ni a los compadres, ni a los electores. Lo recaudado era “plata de bolsillo”. Mansiones con piscina, spa, jacuzzi, campos de futbol con riego periódico, cocinas y baterías de seis o más baños, pagaban la misma factura que una casa de estrato 3 en el Barrio Montecristo en la Ciudad de Barranquilla. Los urinarios en los colegios, y en los negocios de restaurante, bares y cantinas carecían de controles que evitaran el desperdicio del agua tratada y, por supuesto, entre el Acueducto y Puerto Colombia las conexiones fraudulentas eran la práctica usual y tolerada.
Sin embargo, a pesar de que nada tenía que ver este problema con el objeto de la Ley “por la cual la Nación se asocia a la celebración del centenario de la inauguración oficial del Muelle de Puerto Colombia, en el Departamento del Atlántico”, doscientos millones de pesos se destinaron para este menester USD 219.084,44, casi setecientos millones ($ 696, 688,538.60) de nuestros devaluados pesos de hoy.

El ahora “Muelle Cisneros”, para la dirigencia política y para los administradores porteños, servía de excusa con el fin de “jalar recursos” de la Nación que se utilizarían en otros asuntos, para ello se usan argumentos como el de que “los turistas necesitan contar con un buen servicio de agua” o el de “hay que alejar a los jóvenes de las drogas mediante el deporte. Con tales justificaciones se asignaban partidas “al desgaire”, insuficientes para resolver los problemas pero sustanciosas al momento de gastar y pagar.
En eso se fueron cien millones de pesos de ese año que, a pesos de hoy, equivalen algo menos de trescientos cuarenta y nueve millones que representan equivalen a unos 109. 542.22 Dólares Americanos, es lo que debo decir respecto de los dineros destinados a la construcción de un parque deportivo al que también se llamará “Cisneros”.

El muelle daba para todo, inclusive para hacer gastos que resultaron inútiles como el de “limpieza de las playas”.

En aquella ocasión, era el año de 1994, se desperdiciaron dos oportunidades para abordar la limpieza de las playas de una manera institucional, eficiente, sustentable y sostenible.
La primera oportunidad desperdiciada fue la de destinar los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la compra de maquinaria que permitiera recoger material flotante en el mar y basuras en las playa; clasificar las basuras y así entrar en cadenas de reciclaje local con Barranquilla; y poder secar, fragmentar y prensar el material vegetal con destino a empresas a las que les pudiera ser útil ese insumo seco y compactado.
La experiencia que para entonces nos mostraba la Ciudad de Riohacha en lo referido, a basuras en las playas, permitía explorar la posibilidad de organizar una Empresa Asociativa de Servicio Público, dotada de un equipamiento mecánico y sostenido mediante una renta fija. El proceso de la Triple A en Barranquilla daba para pensar en esa posibilidad económica.

La segunda oportunidad que se fue por la borda, que hubiera dotado a este servicio propuesto de recursos tecnológicos y humanos suficientes para su funcionamiento, era entender, aceptar y actuar en correspondencia la realidad de que el gran contaminador de las playas de Puerto Colombia era el Río Magdalena. En esos mismos días del año 94, se empezaba a discutir la Ley Orgánica que creaba la Corporación del Río Grande de La Magdalena.
A partir de este “consenso fáctico”, y aprovechando el trámite de esa Ley, la consecuencia debió ser que el Alcalde, los Concejales y los dirigentes porteños buscaran el apoyo de los vecinos de Tubará, Juan de Acosta y Piojó para que le insistieran a sus Congresistas que precavieran que en la Jurisdicción de esa Corporación de naturaleza mixta, no solo se tuvieran en cuenta a los municipios de la ribera, sino también los del Delta de la Desembocadura ubicados entre Barranquilla y Cartagena cuya playas son afectadas por el comportamiento del Río como transportador de basuras, lodos y material vegetal.
Si se hubieran aplicado a esa tarea Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y Santa Catalina formarían parte del artículo 3° de la Ley 161 de Agosto de 1994 y participarían de los recursos de esa entidad para mantener y defender su línea litoral.
Nadie prestó atención. Andaban en otros menesteres.
El “ruidaje” que producían los doscientos millones de pesos de aquel entonces, que equivalen hoy, como he dicho, a unos trescientos cuarenta y nueve millones ( $ 348, 344,269.30) de los devaluados pesos de hoy, verlos a su alcance, dispuestos para las tareas de mantenimiento – barrer, recoger las basuras, echarlas en volteos y botarlas en otra parte- ( mientras más rápido, mejor.); sentirlos incorporados al pírrico presupuesto municipal para el año de 1995, disponibles para contratos de dragado de los “oídos de la barra” que aislaba el Mar Caribe de la “Laguna de Puerto Colombia”, los sumergía en paroxismos que no los dejaban ver que lo que iban a acometer era lo mismo que botar el dinero.
Creo que ante ese “botín de los vencedores”, desperdiciar el dinero, les importaba poca cosa.

Muy tarde vinieron a entender en Puerto Colombia que su principal problema territorial y ambiental es el Río Magdalena.
A ello contribuyó la no disposición de modelamientos que permiten establecer cómo afectan a los municipios costeros las obras que se hacen río arriba en materia de encauzamiento, impermeabilización de las riberas, la sedimentación de las zonas de amortiguación de inundaciones y la profundización del canal navegable.

A nadie pareció importarle la suerte, no ya del muelle sino el de todo el frente urbano construido entre Sabanilla y Puerto Colombia; tampoco lo que seguramente acaecería en las zonas que, aún hoy, carecen de defensas y que se han creído el cuento de que la caída del “Muelle Cisneros”, fue por falta de mantenimiento y no por “falta de entendimiento” entre los que tenían el deber de defenderlo.

Sin embargo, tales hechos adversos no impidieron que el “namismo” siguiera manteniendo el control político en el municipio, eligiendo a Don Carlos De La Asunción en medio de denuncias y protestas de “fraude”.

#DIARIOLALIBERTAD

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