Participar es derecho y deber

362

Los colombianos estamos convocados para elegir autoridades civiles el 27 de octubre del año en curso y 117.822 ciudadanos optan a los cargos de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales. De esa cifra, en los ocho departamentos, distritos y municipios de la costa Caribe, 40 ciudadanos quieren ser gobernadores, 1.066 alcaldes, 765 diputados, 20.776 concejales y 3.331 miembros de juntas administradoras locales, para un total de 24.978. Y específicamente, en las entidades geoadministrativas de la región el número de candidatos a alcaldes y gobernadores, en este orden, es el siguiente: Bolívar, 239 y 4; Sucre, 156 y 7; Córdoba 153 y 5; Cesar 151 y 5; Magdalena 150 y 4; Atlántico 138 y 5; Guajira 76 y 6, y San Andrés Islas, 3 y 4. De acuerdo con la situación de cada una de esas entidades territoriales del Caribe, los sociólogos y estudiosos del tema deben tener conclusiones comparativas acerca de las particularidades que inciden en el elevado volumen de candidatos, que a un lego en la materia como el autor de estas líneas le parece conveniente, porque a simple vista advierte un interés participativo en la orientación o conducción de los asuntos públicos, derecho que en sano entendimiento es plausible, debe respetarse y mirarse sin prejuicio, por su indudable trascendencia e importancia, y por su enclave constitucional, que le da solidez política y hace a su ejercicio merecedor de adecuada y eficiente protección como elemento básico de la democracia.
Si nos detenemos por un instante a considerar uno de los derechos más importantes y caros al ser humano, como es el de la igualdad, en éste hallamos el antecedente justiciero y preciso de la participación, que no se limita a la materia glosada, porque trasciende la generalidad en lo público, y se extiende a la vida del ser humano y aun después de su extinción. Por eso, aunque se crea o pueda parecer atrevida la apreciación altamente favorable que se tenga de ella, la participación, más que un derecho, es un deber que muchos se marginan de cumplir, sin darse cuenta que con su omisión comprometen el valor superior de la libertad.
Volviendo al punto de las numerosas inscripciones para aspirar a cargos administrativos y de representación, de ello surge la correlación con el administrado o representado, que son quienes en el asunto dicen la última palabra. Es el elector el facultado para expresarla. Darle a alguien potestad para actuar en nombre propio o de una comunidad implica un compromiso para el delegatario, pero también, y mucho, una responsabilidad para quien discierne el encargo. Sea o no bisoño o ingenuo, el mandante no puede ampararse en esa falencia para justificar su desacierto en la elección. La cordura y el sentido común son sus armas. Cada quien, entonces, tiene que aceptar la crítica por el defecto o la falla de lo que escogió soberanamente. Y, pese al supuesto error en la selección, no queda privado de la facultad de rectificar a través de la revocatoria. La falta de conciencia al respecto es tal vez la causa de que la misma no haya prosperado en ningún caso en Colombia. Y la gran paradoja es que a ningún funcionario sindicado de ineptitud o de actos vitandos, no les han podido revocar el mandato, posibilidad ésta muy buena, que no debería tener limitación en cuanto a los sujetos pasibles de ella, y que debería extenderse a todos los cargos de elección popular. En esto no deben mediar argumentos de inconveniencia económica, ni de ningún otro orden, porque si un individuo favorecido con la gloria del voto ciudadano resulta venal o inferior a las responsabilidades adquiridas, el condigno remedio es la revocación. En esa forma habría más seriedad programática y verdadero compromiso del postulante con el elector.
[email protected]

Comentarios