Colombia no pagará por sobornos de Odebrecht

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Hace más de 30 años Colombia emprendió la tarea de mejorar la movilización entre a costa Atlántica y el centro del país y la denominada Ruta del Sol es uno de estos megaproyectos, pero lamentablemente para consolidarlo se han tenido que sortear múltiples obstáculos, a raíz de los episodios que involucran actos de corrupción, protagonizados por la contratista brasilera Odebrecht y las entidades encargadas de finiquitar las billonarias contrataciones, tales como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
Como lo hemos informado desde hace muchos años la Ruta del Sol es un proyecto vial planeado hace más de 20 años con el fin de mejorar la movilización terrestre de mercancías y pasajeros entre el interior del país y la Costa.
Después de muchas consideraciones, en 1997 por fin se dio vía libre al proyecto, que tuvo su primera gran frustración con el Concesionario del Magdalena Medio – Commsa, conformado por 12 empresas que terminaron por demandar al Estado y no construyeron ni un solo kilómetro de la vía, luego en 2009 se volvió a adjudicar a tres concesionarios diferentes.
Pero cuando todo hacía pensar que la obra marchaba sobre ruedas y que por fin Colombia podría contar con una carretera moderna, al estilo de los países desarrollados, estalló el ampliamente conocido escándalo de la firma brasileña Odebrecht, por el pago de comisiones en el sector 2 de esta vía.
Los colombianos esperaban con inusitada expectativa de los resultados de las múltiples investigaciones adelantadas por las diferentes instancias judiciales, cuando el pasado martes se conoció la decisión de un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el cual declaró la nulidad absoluta del contrato de la Ruta del Sol 2, que se había adjudicado en 2010 con múltiples sobornos de por medio.
Según el pronunciamiento emitido por el señalado Tribunal, el Estado colombiano no debe asumir ni un solo peso de la corrupción que rodeó el contrato de la Ruta del Sol 2.
Se trata de un pleito, iniciado años atrás, entre la concesionaria encargada de esta obra y la nación, el cual tardó casi cuatro años en resolver. Los tres árbitros del caso, Catalina Hoyos, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Mauricio González profirieron el laudo de 699 páginas en el que detallaron las razones de su decisión de declarar nulo el contrato y de por qué los colombianos no pueden entregarles más plata a los responsables del negocio, como así lo pretendían.
Este considerado histórica fallo, surgido dentro del escándalo de corrupción que protagoniza Odebrecht desde finales de 2016, teniendo en cuenta que existía la posibilidad de que el Estado tuviera que responder por millonarias deudas.
De todas maneras deberá pagar $211.273 millones; la Concesionaria Ruta del Sol, compuesta en su mayoría por los brasileños, por Episol, de Corficolombiana, y CSS Constructores, obtuvo el contrato en cuestión gracias a maniobras de “abuso y desviación de poder”, como el posible pago de US$6,5 millones al entonces exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, con el fin de que garantizara que nadie más que Odebrecht se quedara con el “jugoso” contrato.
Hay que destacar que para llegar a esta determinación, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá se fundamentó en la Ley 1882 de 2018, que establece las concecuencias cuando un contrato se declara nulo por un ilícito, en este caso el pago de soborno, y cual es el procedimiento que se debe aplicar para proteger a los terceros de buena fe que invirtieron en el proyecto.
Para llegar a esta decisión, los árbitros del caso estudiaron todo tipo de pruebas, desde documentos contables de la concesionaria, peritazgos contables y testimonios claves de personas cercanas a la obra, hasta las declaraciones que dio en la Corte Suprema de Justicia el exviceministro García Morales, en las que detalló las maniobras de los brasileños para ejecutar los sobornos.
Hay que destacar que en este polémico pleito están metidos, además de la multinacional brasileña, el hombre más rico de Colombia, siete bancos, la ministra de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Contraloría, la Procuraduría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el dinero en juego se cuenta por billones de pesos, lo que lo acerca al recaudo de una reforma tributaria.
Esto nos hace concluir que no se puede aceptar una fórmula que en la práctica, se traduzca en que el Estado tenga que pagar ni un solo peso por la corrupción de Odebrecht.

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