La doble instancia

0
357

Iniciamos nuestra charla quincenal manifestando que la doble instancia es un principio de rango constitucional reglado en el artículo 31 de la norma superior que a la letra expresa: Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepcionales que consagre la ley. Este artículo de la C.N. tiene conexidad en lo procedimental con los artículos 29 de la C.N. (el debido proceso) y con el 86 (la acción de tutela). La segunda instancia también la comprendemos como el juzgado, tribunal o Corte que entiende en los asuntos recurridos en apelación por casos presentados en el nivel inferior de la instancia recurrida. (primera instancia)… pero bueno y de manera sencilla ¿qué es? y ¿en qué consiste la figura jurídica de la doble instancia? con las siguientes respuestas: Es “un recurso adicional” que tiene en un principio toda persona que es sentenciada (en materia penal con sentencia condenatoria) a que se le revise su caso por una autoridad superior que se supone tiene mayores conocimientos y elementos de juicio para decidir. Este recurso consiste en que una vez la persona en la culminación de un proceso (penal) sea sentenciada por el Juez natural en primera instancia (a quo) tiene derecho, si lo solicita mediante el recurso de apelación como medio impaugnativo, acción esta que debe ser sustentada en debida forma y concedida, (porque no es de naturaleza forzada ni automática) a que el juez de nivel superior en la escala jerárquica (ad quem) estudie y revise la sentencia emitida por el Juez de nivel inferior produciendo uno de los siguientes resultados: A). Que la ratifique, quiere esto decir que está de acuerdo con ella, B). Que la modifique queriendo decir que está de acuerdo parcialmente con ella, o C). Que la revoque, queriendo decir que por no compartir el criterio del juez de primera instancia se aparta y decide otra cosa distinta.
En el derecho penal mientras se tramita la apelación y hasta el momento en que se dicte sentencia de segundo, la condena no está en firme y no puede ser ejecutada, no se tiene como antecedente, según lo estipula el artículo 248 de la Constitución que dice: “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”. Tanto el artículo 8 de la “Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) como el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) incluyen la doble instancia como parte del debido proceso. Colombia suscribió ambos tratados y esta obligada cumplirlos. Este recurso de la doble instancia como tal no goza de una aplicación plena “en todos los casos” porque la norma como tal al manifestarse “salvo las excepciones que consagra la ley” dejó en el legislador quien crea la ley y vía jurisprudencial en las altas Cortes (quienes emiten jurisprudencia con fuerza objetiva de ley) la facultad de excluir de este recurso algunas sentencias cuando así lo consideren, o cuando las circunstancias lo exijan o se ameriten. A manera de ejemplo simple diré que, si un juez Penal Municipal emite una sentencia, y esta es apelada -concediéndose el recurso- pasa a ser analizada por una segunda instancia un Juez Penal del Circuito, el cual se pronunciara en el sentido de uno de los tres literales ya enunciados. Es de aclarar que no todos los procesos tienen per se el derecho de la segunda instancia y se dan algunos de única instancia como, cuando se juzga al Presidente de la Republica, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal quienes gozan de un fuero especial según el cual, pueden ser acusados por la Cámara de Representantes ante el Senado. Es allí donde se emite un fallo de única instancia que los absuelve o condena.
Las estadísticas muestran que el 20 por cientos aproximadamente de los procesos apelados en segunda instancia son revocados y el 80 por ciento confirmados, por lo que podíamos afirmar que este es un recurso efectivo solo en un 20 por ciento.
Como opinión personal teniendo como soporte normativo el bloque de constitucionalidad (“Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, 1969) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)) considero que este recurso “debe ser aplicado de manera rigurosa y sin distingo de personas en todos los casos desde el año 1991 cuyas penas no estén prescrita, o sea que veo con buenos ojos y comulgo con la retroactividad; ojo, aclarando que luego de crear una ley “benigna que aplique la segunda instancia con retroactividad” pero “que exonere y libere al Estado de las demandas indemnizatorias futuras de presentarse por casos ganados de los retroactivos”.

* Abogado Penalista
[email protected]

Comentarios