!Que intervenga la Contraloría Departamental¡

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Es conveniente que la Contraloría General del Departamento del Atlántico, a cargo de Carlos Rodríguez Navarro, inicie ya un proceso de revisión de varios contratos de obras de infraestructura, por valor de miles de millones de pesos, que se firmaron por la actual administración del Atlántico y que se desarrollan en varios municipios de esta sección del país.

En estos se incluyen altas sumas de dineros destinados al pago de las famosas interventorías, que en la mayoría de las veces son ejercidas por personas que se constituyen en figuras decorativas e ineficientes, si tenemos en cuenta que generalmente estas no cumplen con la función legal que les corresponde y terminan convirtiéndose en “calanchines” de los contratistas, porque sin ningún escrúpulo proceden a impartirle aprobación a las obras realizadas, sin que se cumplan las obligaciones pactadas en los correspondientes contratos.

De acuerdo a lo manifestado por representantes de varias veedurías ciudadanas, en muchos municipios del Atlántico, se desembolsaron millonarios anticipos, por lo que se hace urgente y necesario que la Contraloría Departamental proceda a dirigir circulares de advertencia tanto a los diferentes alcaldes de los municipios en donde fueron proyectadas las obras, como a los contratistas, para constatar si se están cumpliendo las exigencias contempladas en la normatividad, que rige los aspectos relacionados con la contratación oficial y sobre todo porque la ejecución de los trabajos correspondientes, no están avanzando de acuerdo a las cláusulas convenidas en el texto de los respectivos contratos y que hoy se encuentran inconclusas.

La situación es realmente grave y amerita que la Contraloría Departamental, a través de su equipo especializado en el tema, adelante las indagaciones pertinentes para cerciorarse si los anticipos que fueron desembolsados por la Gobernación y por los municipios contratantes y recibidos a cabalidad por los contratistas desde hace varios meses, para el inicio de las respectivas obras, si han sido invertidos y no se presente el caso que las obras ni siquiera se han iniciado, lo que nos hace colegir que indiscutiblemente estaríamos ante el frecuente fenómeno del incumplimiento y por lo tanto, incursos en el delito de enriquecimiento ilícito.

Como quiera que las interventorías en la mayoría de las veces se tornan inoperantes, se hace eminentemente perentoria la enérgica intervención de la Contraloría del Departamento, en atención a las funciones que le ha encomendado la Constitución y las Leyes vigentes.

Es así como el ente fiscalizador a nivel departamental, con Carlos Rodríguez Navarro, se encuentra frente a la necesidad de iniciar procesos de responsabilidad fiscal, mediante los cuales se persiga el esclarecimiento de la utilización de unos recursos, destinados al desarrollo de obras en algunos hospitales que han sufrido atrasos injustificados en su ejecución, un aspecto que ha causado graves perjuicios a la comunidad de escasos recursos económicos de algunas municipalidades, conglomerado que por lo regular es el que acude a instituciones de esa naturaleza.

En Diario LA LIBERTAD, nos unimos a la preocupación exteriorizada en días pasados por varias asociaciones cívicas de diferentes municipios del Atlántico y ojalá que la Contraloría Departamental no desfallezca en su afán de ponerle freno a las tantas irregularidades, que son de frecuente ocurrencia en nuestro Departamento.

Consideramos conveniente a todas luces, que la Contraloría proceda a imponer las ejemplarizantes sanciones que incluyan la devolución de los dineros con sus intereses causados, que le corresponderían a la entidad pública contratante, recibidos por aquellos contratistas inescrupulosos.

Así como también hacer efectiva las respectivas pólizas de cumplimiento e iniciar, a la mayor brevedad posible, los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal, que conduzcan al esclarecimiento de manera definitiva de todas las anomalías que a menudo suelen descubrirse en los entes territoriales, llámese departamento, distrito o municipio, sin que se escapen los escándalos de esta misma estirpe que suceden a escala nacional.

Esperamos que las investigaciones fiscales anunciadas no queden en eso, en anuncios y que luego de iniciadas no se detengan y que la expectativa que han despertado en la comunidad no se convierta en otra frustración más.

Que las indagaciones a que hoy hacemos referencia no se circunscriban a los firmantes de los contratos, sino que igualmente se extienda a quienes cumplen la función de interventores.

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