JEP aplicó principio de centralidad de víctimas desaparecidas en Comuna 13 de Medellín

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Adrián Antonio Acevedo Gaviria, Wilfer Alberto Callejas Aristizábal y Milbia Luz Estrada Mesa fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Sus nombres fueron leídos por los magistrados de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en una serie de actos de memoria en la audiencia pública del pasado 17 y 18 de julio en el Palacio de Justicia de esta ciudad.

La audiencia buscaba recoger información para determinar si se dictan medidas cautelares en algunas zonas de esta Comuna, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada.

En medio de intervenciones de entidades como la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, y de organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los magistrados interrumpían la diligencia para leer algunos de los nombres de las personas que se han reportado como desaparecidas en este sector.

Esta fue tan solo una de las formas en que la Jurisdicción Especial para la Paz materializó la centralidad de las víctimas que rige todas y cada una sus actuaciones. Las fotografías de los desaparecidos en el auditorio, los nombres sobre las sillas de las madres y padres que murieron esperando a sus hijos, y la participación de las víctimas en la diligencia, donde tuvieron intervenciones constantes y reiteradas, con denuncias y preguntas a las entidades responsables de encontrar a sus seres queridos, fueron otras maneras de aplicar este principio.

“En la JEP hemos entendido que la reparación no es algo que se da al final, sino que es un elemento constante que implica considerar a las víctimas y darles un lugar en todas las etapas del proceso, concertar con ellas todo aquello que les da un tipo de consuelo, pero sobre todo de dignidad ciudadana”, afirmó el magistrado relator, Gustavo Salazar, al final de la audiencia.

Información nueva

Aunque la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP empezó a estudiar la adopción de medidas cautelares hace más de nueve meses y ha hecho numerosos requerimientos a las entidades involucradas, la audiencia pública permitió que nueva información saliera a la luz.

Se supo de la existencia del documento “Investigación preliminar de la desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín” que Metroseguridad (Hoy Empresa de Seguridad Urbana) le había encargado a la Universidad de Antioquia en 2010, y que la Alcaldía de Medellín no había presentado a la magistratura en sus respuestas oficiales. La JEP ordenó a esta entidad entregar esta información en tres días hábiles.

Entre otras inconsistencias, se denunció la construcción de proyectos de vivienda sobre zonas de interés para la búsqueda de cuerpos de personas desaparecida. También que se habrían perdido restos de víctimas de desaparición forzada que ya habían sido encontrados y, no menos importante, que la Gobernación de Antioquia habría prorrogado los títulos mineros en la zona, sin tener en cuenta la situación de orden público que se vivía en la Comuna 13.

Frente a esto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad le ordenó a la Gobernación de Antioquia presentar los informes de fiscalización minera que ha hecho en las zonas de La Arenera y La Escombrera, en el marco de los títulos mineros otorgados por la Secretaría de Minas. También le dio un plazo de 30 días a la Gobernación para que presente un plan de memoria para honrar a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín.

La Sección evaluará las medidas a tomar en este sector de Medellín con la información recolectada en esta audiencia y la nueva que fue solicitada.

La JEP como garante de diálogo

Pese a las inconsistencias encontradas, la audiencia también fue escenario de diálogo donde los magistrados de la JEP fueron garantes para que las víctimas obtuvieran respuestas efectivas.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación presentó una nueva propuesta de delimitación del polígono número 2 en la zona conocida como La Escombrera y tendrá dos meses de plazo para presentar un documento con una propuesta de exploración.

Además, las víctimas solicitaron a la Alcaldía de Medellín la adecuación de una casa como sitio de memoria para recordar a sus seres queridos desaparecidos y esta entidad manifestó su disposición de discutir la propuesta.

Frente a estos avances, el magistrado Salazar destacó: “la verdad está llegando a la JEP, esta Jurisdicción está dando a conocer aquello que estaba enterrado, soterrado o inconexo. Muchos de los hechos se conocían, pero no se habían conectado y esto nos permite avanzar hacia la verdad, que es la reparación más importante para las víctimas de desaparición forzada”.

Al finalizar la audiencia, las víctimas les entregaron a los magistrados un cuaderno con los nombres de sus seres queridos desaparecidos, los mismos que los magistrados estuvieron leyendo en el transcurso de la diligencia y que están en el centro de todas las actuaciones de la JEP.

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