La Política es dando y dando

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Alfonso Camerano Fuentes.

Toda persona condenada en Colombia tiene derecho a dos instancias  o “doble conformidad”-, cuando esa espada cae por primera vez en el cuello del procesado, al proferirse sentencia condenatoria por el superior jerárquico, adonde el encausado llegó absuelto.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en esa línea, conminando al Congreso de la República, a legislar, acogiendo directrices del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que consideró “exagerada” la condena de 17 años proferida por la CSJ contra Andrés Felipe Arias Leyva, con violación de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la misma organización mundial.

La aprobación del Acto Legislativo de 2018, sólo favoreció a los aforados, congresistas en su mayoría, que podrían reabrir sus casos, habilitando el recurso de alzada contra sentencias condenatorias ya proferidas y consolidadas.

La Corte Constitucional en pronunciamiento explícito en el caso de un ciudadano ha conminado del Congreso de la República un pronunciamiento normativo que abra puertas a dos institutos del derecho penal: La doble instancia y cosa juzgada a altos funcionarios del estado sometidos, hasta ahora, a una sola ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El requerimiento de la Corte Constitucional es reiterativo y se ratificó con énfasis en el 2014, en ejercicio de ese papel de defensora de la Carta Fundamental.

Ya el Congreso tiene bajo su conocimiento el Proyecto de Reforma en el sentido de adopción integral del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Públicos, al que bautizó la oposición al Centro Democrático, como la “Reforma Andres Felipe Arias Leyva”.

Si el Congreso de la República dilatara, por ese sectarismo que el propio Centro Democrático ha sembrado en el país, la aprobación de esa reforma legal, o la escamoteara, por razones políticas o “de conveniencias”, para no erigir un cuerpo superior a la Sala Penal de la CSJ que asumiera la instancia superior, y por no tocar la “cosa juzgada”, bien podría la Corte Constitucional pronunciarse en esa directriz, asumiendo el Papel de Legislador, que tanto le critican cuando impone la salvaguarda de los Derechos Fundamentales, como Guardián de la Carta.

Poner de acuerdo al país en los alcances de los Derechos fundamentales para todos los ciudadanos sería una lección de sensatez y concordia.

Se le abre una puerta de revisión a su caso a Andrés Felipe Arias.

¿Será que el Centro Democrático está dispuesto a conciliar su posición recalcitrante contra el Acuerdo de Paz, la JEP y el caso Santrich..?

La Política también es dando y dando…

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