Recientemente la Corte Constitucional decidió “tumbar” las normas del Código de Policía que prohibían el consumo de bebidas alcohólicas y drogas en el espacio público.

Según la Corte, multar policivamente esas conductas, atenta contra el derecho al libre desarrollo a la personalidad, en la medida que consumir ambas sustancias en la calle no afecta el bien jurídico de “la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas” que dichas normas del Código buscaban proteger.

En las Escuelas de Derecho, sobre todo en las clases de derecho Constitucional, nos enseñan que los Tribunales Constitucionales no sólo en Colombia sino en el mundo, aplican los denominados “test de proporcionalidad y razonabilidad” como herramienta hermenéutica para poder evaluar las consecuencias, la necesidad y fines de una medida concreta. Lo anterior, con base al método de la ponderación del Tratadista Alemán Robert Alexy, en la cual, ningún derecho fundamental es absoluto ni prevalece sobre otro persé, sino que estos deben ponderarse y determinar que derecho prima en un caso concreto. Todos los derechos tienen límites.

Así, el derecho al libre desarrollo de la personalidad también tiene límites, pues el mismo artículo 16 de la Constitución que lo define, señala que el límite a éste derecho, está dado por “…los derechos de los demás y el orden jurídico”. Por otra parte, el artículo 95 superior también establece que “…El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”.

Es una lastima, que la Corte no haya tenido en cuenta las responsabilidades que deben tener los que usan el espacio público para drogarse y alcoholizarse ni los derechos de las demás personas al tomar esa decisión, y así, al menos condicionar la exequibilidad de la norma.

Ahora bien, en el denominado “neocontitucionalismo”, todas las Cortes Constitucionales emiten sentencias cada vez más garantistas de libertades individuales en detrimento de conductas tradicionales restrictivas de las mismas.  Es común en las Cortes, seguir patrones jurisprudenciales de otros regímenes, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de alguna Corte de los Estados Unidos. En Colombia por ejemplo, en 1994, la sentencia más emblemática fue la proferida por el entonces Magistrado Carlos Gaviria Díaz, que despenalizó el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes por ser violatoria al derecho del libre desarrollo de la personalidad.

A pesar del gran avance que dichas sentencias han contribuido a nuestra sociedad, es dable señalar que, existe un afán por emular líneas jurisprudenciales de otras Cortes del mundo. Ejemplo claro de ello, es la protección excesiva y extrema del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

No es lo mismo, decidir sobre el consumo de drogas y alcohol en el espacio público en Colombia que en otras sociedades. Entre otras cosas, porque cada territorio tiene sus propias condiciones históricas, sociales y culturales que los diferencian de otros. Incluso, muchos países de los mal llamados “desarrollados” prohíben el porte y consumo de alcohol y drogas en espacio público.

Esa visión ajena a la realidad propia, en donde mediante una interpretación miope de la drogadicción y alcoholismo como problema de salud pública, excluye la protección de los derechos y  la integridad de niños, niñas y adolescentes, la cual se encuentra especialmente vulnerada. Como lo expresé en otro escrito, Colombia es el tercer país del mundo donde más se asesinan menores de edad; en donde existen altos índices de abuso sexual; y en donde los jíbaros acechan los espacios públicos en búsqueda de los consumidores más indefensos, nuestros menores.

Existe una especie de miopía de la Corte, en la que excesivamente protege a una parte de la población (consumidores de narcóticos y alcohol) en desmedro del interés general y del interés superior de los menores. Decir que el consumo de esas sustancias en la calle “no implica necesariamente una amenaza” abre una puerta grandísima en donde el Estado queda maniatado en su deber de proteger a los niños y jóvenes en los parques, colegios y espacios comunes.

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