La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, ordenó a varias entidades del estado, entre ellas, la Fiscalía, verificar los movimientos que ha hecho el exjefe guerrillero alias ‘Romaña’ después de la firma del Acuerdo de Paz para determinar su futuro ante ese organismo.
La Sala de Reconocimiento y Verdad en un auto del 27 de junio, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que dentro del término de cinco días certifique si el exguerrillero ha realizado solicitud de ingreso a programas de prevención o protección con medidas de seguridad.
También ordenó a la Fiscalía General Nación realizar seis pruebas que deben entregarse dentro del término de 15 días sobre la situación de ‘Romaña’.
Otras de las entidades a las cuales alude la JEP son el Ministerio de Defensa, Migración Colombia, la Unidad de Investigación y Acusación, Misión de Verificación, Comando General de las Fuerzas Militares, DIJIN, Alto Comisionado para la Paz, entre otras ocho entidades, que se entregue toda la información posible acerca de la situación de Henry Castellanos Garzón alias ‘Edinson Romaña’, desde el 1 de diciembre de 2016 a la fecha.
Asimismo la JEP solicitó a la FARC que certifique si ‘Romaña’ ha puesto en conocimiento a la dirigencia del partido alguna situación que haya puesto en riesgo su vida e integridad física.
Todo inicia luego de que el 5 de junio la Sala abriera un incidente de incumplimiento contra el exjefe guerrillero por sus inasistencias a rendir versión en el caso de secuestro.
Luego de recibir las pruebas, la JEP entrará en un proceso de revisión en el que deberá constatar si ‘Romaña’ se ha rearmado o si ha cometido algún delito después de la firma del Acuerdo de Paz y según proceda, podría ser expulsado de este sistema.
También se supo que la JEP también ordenó tener en cuenta como prueba el informe presentado por ‘Romaña’ en octubre 2018, su acta de compromiso y acogimiento, el llamado a rendir versión dentro del caso 001, más conocido como secuestro, las actas de las audiencias en las que se certifica su inasistencia y el memorial presentado por la defensa del pasado 19 de marzo, en el que manifiesta las razones por las que no asistió a la comparecencia.
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