Entierro de quinta

El hundimiento, una vez más, en el Congreso de los proyectos de ley que le apuntaban a regular en el país la oferta de alimentos ultraprocesados –conocidos como comida chatarra– reafirma la evidencia de que el aplazamiento de los debates en los que está de por medio la salud pública multiplica sus efectos negativos sobre la población. Basta ver que la obesidad y el sobrepeso, que pretendían frenarse en parte con dichas iniciativas, son determinantes claves en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que en cuatro décadas han crecido 80 por ciento y hoy representan el 82 por ciento del gasto en salud, algo más de 30 billones de pesos cada año, cuando la mayoría de ellas pueden prevenirse.

Los análisis serios de las estadísticas deberían ser argumentos suficientes para darle al asunto la seriedad que merecía. Saber que en Colombia, el 56,4 por ciento de los habitantes presentan exceso de peso; que una de cada cinco personas tiene obesidad mórbida y que en niños, estos fenómenos se aumentan aceleradamente exige algo más que el entierro de quinta que en las comisiones respectivas de Senado y Cámara les dieron a los articulados, que inclusive podían mejorarse si el foco hubiera estado puesto en el bienestar de la población.

Pero algo no anda bien cuando las posturas son tan irreconciliables que terminan engavetándose estas propuestas, sin darles un tratamiento de fondo. No es justificable que la industria vaya por un lado; los expertos sanitarios, por otro; el activismo, introduciendo ruido innecesario; los congresistas, dejando ver su desconocimiento en los temas, y las autoridades de salud, en medio de un silencio expectante mientras otros países dan ejemplo de que se puede transitar en armonía para frenar estos flagelos.

La obesidad y el sobrepeso son resultado de múltiples factores que deben ser abordados con integralidad y sin demora. Esto no es un mero problema de etiquetados ni de la forma como se empacan y ofertan los productos. Si la industria tuviera conciencia de elaborar alimentos sanos que se proyectaran hacia la gente con confianza, las advertencias en sus empaques serían irrelevantes. Así mismo, si los entornos escolares, empezando por sus tiendas, tuvieran la premisa de no ofrecer comida procesada y bebidas embotelladas que no resistan el análisis de sanidad óptima para niños, y que bajo las mismas condiciones se sancionara la publicidad de productos dañinos, estarían dando pasos en la dirección correcta.

También es hora de que desde los consultorios y espacios sanitarios se involucren, como norma obligatoria para todos, recomendaciones alimentarias y de actividad física, con estricto seguimiento del peso corporal como un signo vital más que debe controlarse en cada consulta. Tampoco hay que dejar de lado las campañas educativas masivas y permanentes de alcaldes y gobernadores sobre estos tópicos. Todo ello sin olvidar la toma de conciencia de la comunidad en general. La lucha contra la obesidad y el sobrepeso no da espera y debe ser tarea de todos. Esperar hasta que lo haga el Congreso es ver crecer el problema.

Editorial tomado de El Tiempo

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