Justicia con la mujeres

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La Corte Constitucional, esa que en estos días algunos pretenden refundir junto con las otras, para que haya una sola, sin medir el alcance desastroso que podría tener su personalísimo intento, acaba de restituirle a la mujer colombiana su derecho a la igualdad en su estado de casada, sin que sea indispensable que se la reciba en tal condición por los deudos o amigos del marido, ni tenida como tal por la gente de su barriada. Dicha corporación sacó del ordenamiento jurídico el artículo 396 del código civil, que al efecto instituía que “la posesión notoria del estado de matrimonio consiste, principalmente, en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales; y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el vecindario de su domicilio en general”. Es una afortunada y justiciera decisión. Es la certera aplicación del artículo 13 de la constitución política, que consagra el derecho a la igualdad, el más violado de todos los derechos en Colombia. El pronunciamiento judicial fue la respuesta a una demanda, que coincide con otra actualmente en trámite, relacionada con el orden en que al hijo se le ponen los apellidos de sus progenitores. Acerca de ésto, la academia tiene allí la magnífica oportunidad de expresarse, al igual que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El quid del asunto es la remoción de 215 años del desequilibrio creado por el Código de Napoleón en 1804, y aunque aquella está por definirse, existe la razonable y firme posibilidad de que la Corte Constitucional aplique la misma teoría en que se basó para resolver lo de la notoriedad del estado de casada.
Las cuestiones que vienen mencionadas no solo son de interés para los especialistas en derecho de familia, sino también y principalmente para la sociedad en la que la mujer tiene cada vez más un papel sobresaliente, que la reafirma y legitima para lograr el tratamiento igualitario que le venía desconocido por normas primitivas de inspiración machista, ahora en decaimiento o en proceso de eliminación, por respeto a la condición humana de ella y de su libertad, si bien su naturaleza hace indispensable que en algunos aspectos se la trate y evalúe con sentido de proporcionalidad, sin prescindencia de la galantería que merecen e inspiran, que en forma alguna pueda inducir a valorarla erradamente como pieza de adorno que no es, y minimizar la esencia de su carácter, su autonomía y capacidad en la toma de decisiones.
Avances como la eliminación del artículo 396 del Código Civil, son la resultante de estudio concienzudo, filosófico y humanista de magistrados que honran la toga, pero también y en mayor medida fruto del esfuerzo y la evolución femenina desarrollada sin ánimo competitivo con el sexo contrario, sino a conciencia y como complemento de éste, logrados a través de la educación que ha sido y es la herramienta eficaz que ha servido para reconformar la integración armónica de la sociedad. Esto es fácilmente comprobable con solo mirar el interior de los establecimientos educativos en donde el número de educandas sobrepasa el de varones. Y la cuestión va más allá del aspecto cuántico. Es en la capacidad de asimilación del conocimiento en donde mejor se aprecia la ruta femenina en la búsqueda de la reivindicación total. De continuar así, jamás volverán los días en que a la mujer divorciada o separada de su marido se le imponía, bajo el apremio de sanciones, abstenerse de acompañamiento o convivencia con varón no antes de 301 días de la separación. Lo aquí planteado no trata acerca de la liberación femenina, porque a nuestras mujeres sólo las cautiva el amor. Lo que importa y defendemos, es la prevalencia de sus derechos.
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