Amenazan al director de Corporación Autónoma y líderes indígenas en Tolima

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*Los panfletos amenazantes comenzaron a circular luego de una consulta previa en el municipio de Chaparral, sobre proyectos mineros.

Las autoridades en el departamento del Tolima avanzan en la investigación de un panfleto que circula por Internet en el que es amenazado Jorge Enrique Cardoso, actual director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), al igual que líderes indígenas y sociales del sur del departamento.
El documento, alusivo a la organización criminal ‘Águilas Negras, declara objetivo militar al director de la autoridad ambiental, a Darío Fernando Botache, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT); a Ancízar Ibarra, asesor de la ACIT y a Jaime Cortés, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Trabajo (CGT).
Las amenazas se conocen en el desarrollo de una consulta previa en el Cañón de Las Hermosas del municipio de Chaparral, ubicado en el sur del Tolima, en la que organizaciones indígenas y sociales se han opuesto a la ejecución de proyectos mineros.
“No permitiremos el avance subversivo en regiones importantes para el país como el Cañón de Las Hermosas, Coyaima, Ataco, Planadas,  Rioblanco y Roncesvalles, regiones que históricamente fueron cooptadas por el terrorismo y que hoy disfrazadas de ‘organizaciones Sociales’ (…) promoviendo tomas de tierras, reuniones subversivas en veredas y pueblos impulsando las llamadas consultas previas”, dice el panfleto.
El director de Cortolima explicó que, a través de la consulta previa, se adelanta junto a las comunidades indígenas la actualización del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca hidrográfica del río Amoyá.
“Tenemos muy buenas relaciones con las comunidades y con las autoridades locales. Los indígenas manifiestan su preocupación porque ellos están haciendo la reclamación para que se les reconozca un territorio”, expresó Cardoso.
La aparición del documento ya es de conocimiento de la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección.
Las víctimas de amenazas esperan que las autoridades avancen en las investigaciones del caso para establecer la veracidad del documento y adoptar las medidas correspondientes.

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