¿Y qué de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales?

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Se ha comprobado que una de las etapas más difíciles para afianzar el éxito de un acuerdo negociado de paz, es la del posconflicto. Así se ha afirmado, no solamente por la convocatoria que se ha requerido para implementar lo acordado, o el tiempo que ello significa para su ejecutoria dentro de un sistema muy particular como el nuestro, sino también por el resurgimiento de fuerzas oscuras que buscan crear confusión y desestabilidad en las zonas donde estuvo enraizado el conflicto.
Precisamente, lo que viene ocurriendo en diferentes regiones del país es el reflejo de esa situación. La seguidilla de asesinatos de líderes sociales y dirigentes reconocidos por sus luchas comunitarias, ha puesto sobre el tapete la necesidad de afrontar con prontitud ese accionar, antes que se agudice un problema que podría desembocar en hechos más graves y desestabilizadores, para el país.
Para corroborar lo anterior, basta con mencionar las cifras que sobre tal situación ha manejado la Fiscalía General de la Nación. Solo en el año 2017, por ejemplo, se registró un aumento del 271% en los índices de criminalidad en las regiones del Darién y el Bajo Atrato, zonas del Chocó, lo que debió traducirse en 38 homicidios dolosos registrados en varios municipios de este Departamento y en donde la entidad investigadora recibió 25 denuncias por intimidaciones contra defensores de derechos y reclamantes de tierras.
Lo que ha acontecido allí en esa región de la patria no es diferente a lo que sucede en Cauca, Putumayo o Nariño, donde de manera selectiva y continua se viene acorralando a los dirigentes, con el fin de acallarlos y seguir usufructuando de patrimonios hoy cuestionados y puestos bajo investigación de las entidades competentes.
Frente a toda esta serie de red criminal que ha ido extendiendo sus tentáculos por el país, hizo bien la Fiscalía General hace dos años en crear la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, para investigar y capturar a los responsables de esos asesinatos y amenazas, para lo cual ha contado con un equipo de apoyo de la policía judicial y la Dijin, así como analistas e investigadores especiales.
La experiencia enseña que ante situaciones de esta naturaleza lo recomendable es actuar de inmediato y concretar acciones que permitan lograr resultados certeros y efectivos. Con ello se está enviando un claro mensaje de que la etapa del posconflicto también debe ser ‘blindada’ con todas las medidas que sean pertinentes adoptar, para que pueda seguir el país por el sendero de la paz.
Por lo anterior, urge que la Fiscalía General entregue su informe sobre los resultados que han arrojado las acciones de esta Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales en estos dos años de funcionamiento.

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