La Corte y la dosis personal

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Que sea la Corte Constitucional la que considere que el consumo de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas en el espacio público, llámese 
parques u otros lugares destinados a la sana diversión, contribuya al libre
desarrollo de la personalidad, es algo que dejó estupefactos a todos los colombianos de bien.

¿Será que los honorables magistrados de esa alta corporación no se han enterado de los abusos que a diario se cometen por delincuentes bajo los efectos de estas sustancias?

Consideramos que el libre desarrollo de la personalidad -aspecto que sirvió de fundamento para la polémica decisión- debe ser considerado un derecho para el bien, para mejorar, para superarse, no para convertirse en 
delincuente por los efectos de la drogadicción y mucho menos para crear el caos en estos lugares que si bien son para todos los ciudadanos, no les da el derecho a los drogadictos para cometer actos reprochables, en lugares en donde debe primar el respeto y la convivencia de todos los que
allí acuden.

Recordemos que en 1994 se produjo una sentencia emanada de esa misma Corte que estableció la despenalización del porte de la dosis mínima de marihuana, cocaína y bazuco. 
Lo cierto es que con el Código de Policía recientemente inaugurado, se había comenzado a vivir un clima de tranquilidad en zonas en donde no se respetaba a los vecinos, quienes ahora ven frustradas las posibilidades de vivir en un ambiente tranquilo los fines de semana. 
Antes de conocerse la sentencia de la Corte Constitucional se respiraba 
un normal ambiente auditivo en las calles, gracias al Código de Policía. Lamentablemente volverán las largas noches de vigilia por culpa del ruido de los bebedores callejeros, este tema sí que amerita que se promueva un referendo o una tercera papeleta en las próximas elecciones de octubre.

No se puede negar que la Corte Constitucional durante sus 30 años de existencia ha demostrado que no le tiembla el pulso para poner al país a enfrentar y debatir complejas realidades y derechos. 
Pero también es una verdad que muchas de tales decisiones han generado y todavía generan polémica, tales como el que hoy traemos a colación, en el cual ocho de sus nueve magistrados tumbaron las disposiciones del Código de Policía, que prohíben el consumo de alcohol y
sustancias alucinógenas en espacios públicos.
 Pero su solo anuncio, el jueves pasado, ha generado una entendible preocupación entre las autoridades y, en especial, entre miles de ciudadanos para los que la protección del derecho individual no debe primar sobre el de la sociedad, igualmente legítimo y defendible, a 
disfrutar de un entorno tranquilo y seguro.

No cabe duda que hoy en día la mayor preocupación con la juventud colombiana es el crecimiento del consumo de narcóticos, estimulado por la impunidad de la llamada dosis personal. 
Este fenómeno cada día creciente se constituye en motivo de preocupación por parte de padres de familia y educadores que claman para que se apruebe un Acto Legislativo que permita castigar severamente a los microtraficantes, que han influido en la juventud para
convertirlos en consumidores, así se trate de pequeñas cantidades. 
Una de las razones para que se concrete una iniciativa de esta naturaleza, es el hecho fehaciente que los expendedores que son capturados por la Policía, pero deben ser puesto en libertad por los jueces de control de garantía,
simplemente por estar amparados por la norma constitucional que los protege. 
Es probable que muchas de las personas, especialmente jóvenes que permanentemente llevan consigo la popular dosis personal sean adictos o enfermos y en consecuencia ellos necesitan es un tratamiento medico; lo
que sucede, es que detrás de esta figura se están escondiendo verdaderos profesionales del vicio, que aprovechando la autorización constitucional tienen productivas empresas al servicio del comercio y el consumo de estos productos.

En firme la sentencia de la Corte Constitucional habrá que esperar que el Estado encuentre las alternativas jurídicas para proteger la tranquilidad ciudadana y sobre todo, combatir las mafias del microtráfico, que a través del tiempo han aprovechado los fallos de la Corte Constitucional sobre el 
porte y consumo de drogas.

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