El Código de Policía, crónicas de una muerte anunciada

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Revuelo ha causado la decisión de La Corte Constitucional de declarar inexequibles unos artículos del código de policía y convivencia que castigaba el consumo de la dosis mínima en espacios públicos como parques, al considerar que tal prohibición afecta el libre desarrollo de la personalidad. 

Para iniciar, debemos recordar que a la Corte Constitucional le ha sido confiada la integridad y cuidado de la supremacía de la Constitución, por ende, en cumplimiento de tal atribución constitucional se ha pronunciado sobre una demanda de inconstitucionalidad que ha presentado un ciudadano, en ejercicio de la acción publica de inconstitucionalidad.

Lo anterior quiere decir, que salvo que se trate de leyes estatutarias, la Corte Constitucional no puede, de oficio, realizar el análisis de constitucionalidad del articulado de una determinada ley, sino que dicha intervención y posterior pronunciamiento debe ser a solicitud de parte, es decir, se debe presentar una demanda de inconstitucionalidad en la que el accionante explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los argumentos de hecho y derecho por los que considera que los artículos señalados van en contra de la Constitución.

Por consiguiente, no es correcto afirmar que la corte es abusiva o se extralimita en sus funciones, sino que estamos frente a un ejercicio claro y legítimo de atribuciones y competencias asignadas por la Constitución.

A juicio de la Corte, el consumo de bebidas alcohólicas y alucinógenas en espacios públicos no representa, en si misma, un peligro para la sana convivencia de la sociedad, sino que esta conducta es una expresión del libre desarrollo de la personalidad, que tiene la categoría de derecho fundamental y para su limitación requiere algo más que una simple prohibición legal.

Este pronunciamiento debe suscitar un análisis crítico, detallado, pero sobre todo muy responsable. Partimos de las implicaciones que dicha decisión puede traer. Por un lado, debemos reflexionar ¿Veremos a los Magistrados de la Corte Constitucional sentados con su familia en un parque mientras otras personas consumen la dosis mínima? Todo parece indicar que los honorables magistrados se pronuncian sobre una realidad que, al parecer no conocen. Parecen diseñar un vestido para la sociedad, sin tener en cuenta las medidas de esta.

Por otro lado, el presidente ha manifestado que acatan y serán respetuosos del fallo del alto tribunal, pero seguirán incautando la dosis mínima a quienes consuman en espacios públicos. Lo anterior, sustentado en un decreto que el mismo presidente había emitido en desarrollo y reglamentación de los artículos que han sido declarados inexequibles. Acatamos y respetamos las decisiones de la Corte, pero seguimos haciendo lo que consideramos acorde al orden constitucional y legal. Si bien es cierto existe independencia de las ramas del poder público, cada una de ellas tiene una delimitación funcional y deben respetar el ejercicio legitimo de las atribuciones conferidas a cada una de ellas.

Acaso ignoran quienes asesoran al presidente o lo hace el mismo mandatario, quien ostenta la profesión de abogado, que en derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por consiguiente, si se emiten unos decretos fundamentados en una determinada ley y dicha ley es declarada inexequible o sencillamente es derogada por otra, el decreto también perderá su vigencia y por consiguiente su validez temporal y espacial. Así que, estamos frente a un desconocimiento total del diseño constitucional y legal de nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, más allá del problema de microtráfico, drogadicción y adicción que padece gran parte de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes, también es incorrecto pensar que todos los problemas sociales pueden ser solucionados con más leyes. ¿Acaso tener esta legislación disminuyó el consumo de drogas? La respuesta es no, porque la drogadicción es un problema médico y sicológico si se quiere, pero no legal. Con esto no estamos afirmando que no deban existir leyes que regulen tal situación, sino que debe existir toda una política clara en torno a una realidad social que nos atañe a todos y no pensar erróneamente que entre más leyes expidamos, más correcta será nuestra sociedad.

Para concluir, todos aquellos que se rasgan las vestiduras por esta decisión también deben analizar que, era justo y necesario una medida de limitación al desbordante y abusivo poder dado a la policía con la ley 1801 de 2016, llamada código de policía y convivencia. Y es de esperarse más pronunciamientos como estos, toda vez que el poder concentrado en una sola mano es peligroso. Me atrevería a afirmar que, nunca en Colombia habíamos tenido una legislación que suscitara tanto rechazo en la ciudadanía, por abusiva como este código, son muchas las demandas de inconstitucionalidad que tiene a cuestas y que poco a poco la Corte irá resolviendo. Congreso de la república, corrija esta ley o su muerte será lenta y progresiva, sin duda alguna, crónicas de una muerte anunciada…

   

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