La defensa en abrumadora desventaja

0
351

Poco a poco, y a pasos agigantados regresamos al sistema procesal inquisitivo…Lo último, el Ministerio Publico fungiendo como Fiscal (o al precedente según el cual el juez puede fallar en contra de la solicitud de absolución de la fiscalía) y nos preguntaremos ¿cómo así? ¿Qué está pasando?… el ministerio publico asumiendo funciones de fiscalía… pues si señores, en relativo reciente fallo la Corte Suprema de Justicia (C.S.J, S Penal, Auto AP -4382019 (54466), feb,13/19, M.P José Luis Barceló) manifestó “Como apelante único, El ministerio Publico está facultado para hacerlo, sin que esto implique un quebrantamiento del sistema de partes. Por lo tanto, no es posible negar al órgano de control el uso del recurso como apelante único”… por Dios “como apelante único”, esto quiere decir en palabras comunes y corrientes que como la fiscalía (dueña de la acción penal no apelo) la Corte operativamente y vía Jurisprudencial autorizo al Ministerio Publico para que apelara -la jurisprudencia según el artículo 230 de la C.N. es un criterio auxiliar de la actividad judicial- y con esta acción de facto surgió una Segunda Fiscalía, según nuestra Constitución Colombiana, articulo 250 La Fiscalía General de la Nación es el único dueño constitucional de la acción penal; pero eso era antes, hoy según se aprecia la cosa es diferente. Bueno y nos preguntaríamos, ¿pero bien, y cuál es el problema? ¿Por qué la alarma? Y aquí explico: nuestro sistema penal colombiano (en teoría) es de “estructura adversarial”, es decir es un sistema contradictorio y legal usado en los países de derecho consuetudinario donde dos abogados representan las posiciones de sus partidos ante una persona imparcial o un grupo de personas, usualmente un jurado o juez, que intentan determinar la verdad del caso (Es en contraste con el sistema inquisitorial usado en algunos sistemas de derecho civil o penal donde un juez o grupo de jueces investiga el caso). El sistema acusatorio es la estructura de dos lados bajo la cual funcionan los tribunales penales que enfrenta la acusación contra la defensa. La justicia se hace cuando el adversario más efectivo es capaz de convencer al juez o al jurado de que su perspectiva sobre el caso es la correcta; este sistema implica “la igualdad de armas”… figuradamente podríamos decir que si dos personas se pretenden enfrentase para un combate, y una de ellas tiene un madero y la otra tiene una metralleta es de sana lógica suponer que la batalla la ganara el que posee la metralleta, (en este ejemplo no hay igualdad de armas) ya en la estructura penal Colombiana la igualdad de armas la determinan los sujetos procesales que intervienen en “el combate jurico” así: 1). Un señor Fiscal, Abogado “dueño de la acción penal” que el estado asigna como su representante a la “supuesta víctima” (sujeto supuestamente lesionado), mal llamada víctima, y ojo, mucho ojo, siempre debe ser llamada “supuesta o presunta víctima”, y solo con la sentencia condenatoria en firme es que podemos decir “es una víctima”, el no hacerlo confirma la presunción de culpabilidad (anticipada, violatoria y lesiva) del o de los investigados antes de un fallo -esto es un absurdo jurídico- condenatorio; y que en caso que no se dé dicho fallo condenatorio, ya el investigado ha sufrido una lesión y un daño moral “que se lo produjo el señor Fiscal y que de ser reclamado el Estado tendrá que resarcir… esta mala y grosera costumbre judicial debe ser erradicada de nuestro medio porque es mucha la gente que ha sido ya lesionada, y porque el Estado se expone a múltiples futuras demandas por el Daños que causo el señor Fiscal, 2). La defensa, Abogado que defiende la causa en representación del “presunto victimario”, 3). El Ministerio Público, Abogado que el estado asigna y que en términos generales “vigila, protege, defiende, vela, interviene y exige” el cumplimiento de la constitución, y que como ente independiente del Estado “no debería invadir la esfera de la fiscalía, y lo hace”; figura que como está concebida en el sistema procesal colombiano, debe desaparecer. 4) El Interviniente Especial, Abogado que a “la supuesta víctima” le asigna el Estado, o que la supuesta víctima contrata para que intervenga en el proceso (artículo 137 L.906/2004) y 5). El Juez, Abogado que representa al estado para que dirima el conflicto, y que es, pues el milagro del hombre en cuanto, consiguiendo y no ser parte del proceso, se supera, así mismo y falla en justicia – traslape perfecto entre el deber ser y el ser -. Pero la realidad en la igualdad de armas procesal es la siguiente, contemos los dos bandos: de un lado está El fiscal, el Interviniente Especial y El Ministerio Publico (que representa al Estado), y en algunos caso el Juez (que representa al Estado), total 4, y del otro lado La Defensa uno solo… y me pregunto habrá igualdad de cuatro (4) contra uno (1), esta es nuestra y cruda realidad; pero bueno sacando al Juez quedaría tres (3) contratar uno (1)…sigue la disparidad lesiva. Esta es nuestra preocupante realidad jurídica procesal penal, la cual debe mutar “hacia un proceso adversaria puro”, de uno (1) contra uno (1), “Fiscal vs. Defensor” (como opera en otras latitudes).
* Abogado e Ingeniero Electrónico ; [email protected]

Comentarios