Terrorismo contra la justicia

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La noción, la certidumbre o la aproximación al valor de las cosas muchas veces se alcanza cuando se han perdido o son esquivas. Y es en ese momento cuando el consciente lleva a meditar sobre lo que pudo haber sido y no es. Palabras comunes lo grafican. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mas que inferencia, es conclusión de abatimiento y frustración que puede aumentar en una sociedad sistemáticamente direccionada hacia la fatalidad y la desesperanza. El principal factor que aviva el fuego derrotista es la mentira inducida, de la que recientemente hablara en reportaje concedido al diario El Tiempo el filósofo Juan Samuel Santos (sic) catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana. Distingue él la mentira común de la mentira política, y deja claro que la segunda tiene un poder apabullante mayor – que quien esto firma considera más destructivo y corruptor – porque, como lo anota aquel, su estrategia no es desmentir una afirmación, “sino atacar a la fuente de autoridad, en este caso, la institucionalidad, para que los ciudadanos no tengan certeza absoluta de nada”. Es lo que ha venido promoviendo desde hace ocho años un sector político en el cual la opinión de sus miembros tiene un eje concéntrico del que no pueden salirse para no padecer el inri de la traición, pues en realidad no se trata de una vertiente filosófica sino de una auténtica secta.
El azaroso panorama generado con la mentira ha afectado gravemente a la justicia judicial, pues los errores o culpas de algunos de sus servidores han sido potencializados de tal manera que es común la crítica desbordada a los jueces, muchas de ellas injustas, ignorando la trascendencia e importancia de las funciones que cumplen para garantizar la auténtica seguridad pública, más allá de la labor a cargo de los órganos armados, que sirven de acompañamiento y protección en lo interno, y de defensa física de la soberanía en lo externo. El daño causado a la justicia colombiana por la desinformación y la irresponsabilidad es incalculable, sobre todo en materia de credibilidad en momento como el actual en que se han sentado las bases para parar el desangre fratricida. Ahora, más que nunca, es cuando la institución de justicia demanda el mayor apoyo ciudadano para que su labor pueda traer el sosiego a esta nación agobiada por un rudo conflicto que algunos se empeñan en mantener sin motivos patrióticos ciertos ni relevantes, sino para aparecer como supuestos salvadores y con ello conseguir y mantener un capital político que crece en la misma proporción que el país se deteriora. La rama judicial ciertamente debe reformarse especialmente en lo operativo para cumplir mejor su cometido, pero esa necesidad no puede desvirtuarse con la idea de desaparecer cortes y tribunales, sino para fortalecerlos y hacerlos más eficientes.
Golpear la justicia es atentar a la democracia, como lo afirma el filósofo javeriano. “Este sistema político, más que cualquier otro”, dice, “se apoya en que la gente pueda hablar y discutir entre sí, y las mentiras políticas lo que logran a largo plazo es que la gente deje de confiar incluso entre ellas mismas. Eso significa que va a dejar de acceder a la información necesaria para tener opiniones sólidas, y solo va a tener acceso a aquellas que piensen como ella misma, lo que causa polarización y, junto con esto, violencia, que es su efecto a más corto plazo”. El valor de la justicia es la paz. Así hay que entenderlo. En su trabajo, los jueces no reciben rosas, ni gladiolos, sólo problemas, conflictos que tienen que resolver aplicando la ley que ellos no han creado y que no pueden desobedecer sin riesgo de ser penalizados. El momento actual invita a la cordura y los ciudadanos no podemos coadyuvar al desprestigio de la justicia para reabrir el camino al talión y la barbarie. La justicia trasunta civilidad y los ataques sistemáticos a ella por su hacer seguridad, es expresión no advertida de terror.
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