A rebelarnos contra la corrupción

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En Colombia la corrupción no puede seguir siendo el multimillonario negocio que es.
Sin duda, uno de los fenómenos que mayor incidencia ha tenido en el atraso social que hoy en día se observa en la mayoría de los pueblos de nuestra región, es la corrupción. Su expansión por la geografía nacional y en todos los ámbitos sociales ha provocado la pérdida de billones de recursos económicos que bien podrían haber servido para disminuir la pobreza y aumentar la inversión en salud y educación hacia los sectores más deprimidos.
Si en Colombia se hiciera un análisis con profundidad sobre nuestros males, las conclusiones nos indicarían que la peor de las desgracias de nuestro país, la que tiene las más profundas raíces y las más perversas consecuencias es la corrupción.
Ese grave mal que presenta los perjudiciales síntomas de una epidemia, se camufla, para avanzar en todos los escenarios de la actividad, local, regional y nacional, logrando a pesar del sinnúmero de códigos, leyes, decretos y señalamientos a través de los medios de comunicación, denuncias penales y publicitados escándalos, por inescrupulosos episodios que todos los días conmueven al país.
Por esto consideramos oportuno sugerir la necesidad de rebelarse contra los corruptos y exigirles que la plata que se reúne con el esfuerzo de los contribuyentes, se utilice para el bienestar común.
Hoy, cuando se conocen alarmantes cifras, en torno a los pagos que se dan por sobornos entre el sector privado y el público, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos de la justicia para erradicar de raíz esa actividad que corroe la estabilidad institucional y social, toda vez que a partir de esa clase de actuaciones la sociedad se va desintegrando y termina por convertirse en presa fácil de otras influencias que actúan al margen de la ley.
Con sobradas razones se ha insistido en el sentido de que este factor constituye uno de los más graves males que aquejan al país y que pese a los esfuerzos demostrados por los últimos gobernantes en contrarrestar sus causas y castigar a los responsables, aun nos encontramos muy lejos de disminuir sus perjudiciales efectos en la vida local, regional y nacional. Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario se denuncian deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a esos individuos que por sus cargos y posiciones son los primeros en estar obligados a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí, en el manejo integral, donde se puede derrotar esa práctica ilícita.
Esperamos, al igual que la comunidad, que todos estos hechos sirvan para demostrar la firmeza del Gobierno en su objeto de erradicar la corrupción, conjuntamente con los entes de control y las autoridades judiciales en forma coordinada.
El hecho de que varios billones de pesos del presupuesto general se esfumen hacia las arcas de los corruptos, impidiendo que lleguen a la ejecución de programas sociales o el desarrollo de planes de beneficio comunitario, se constituye en un suficiente motivo para que se acompañe al Ejecutivo en el cumplimiento de este reto, el cual permitirá mejorar ostensiblemente las condiciones de vida a cientos de familias, localizadas en los estratos más necesitados.
Entonces, invitamos a las autoridades competentes a prestarle la atención a estos depredadores del erario, para desterrar de los contratistas la malsana costumbre de pagar comisiones a los funcionarios, encargados de finiquitar las grandes contrataciones y que los interventores no se conviertan en compinches de los contratistas.

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