JEP reconoce como víctimas a 20 militares secuestrados en la toma de Miraflores

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP reconoció como víctimas a 20 militares secuestrados en la toma de Miraflores (Guaviare), que fue ejecutada por la extinta guerrilla de las Farc-EP el 3 de agosto de 1998. Dentro de este proceso también fueron acreditadas los familiares que sustentaron su parentesco con los uniformados. Este reconocimiento se da en el marco del caso 001, denominado como “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP” y conocido como el de secuestro.

Todas estas personas habían solicitado expresamente ser acreditadas como intervinientes especiales dentro del caso 001, pues fueron mantenidas de manera prolongada en condiciones de cautiverio que investiga la Sala de Reconocimiento.

Los 20 uniformados acreditados son Juan Carlos Bermeo Covaleda, José Yesid Buitrago Burgos, Benjamín Buitrago Burgos, Carlos Javier Bernal Cantor, Rafael Antonio Rodríguez Basto, Jesús Geovanny Alvarado Alvarado, José Alexander Poveda Laverde, Helbert Antonio Torres Tunjacipa, Héctor Enrique Torres Tunjacipa, Pablo Arturo Chaparro Villarreal, Edisson Yemis Gil Lozano, Faber Antonio Salazar Villegas, Johnny Fernando Silva Peña, Libert Rodríguez Chaguala, Adolfo Villarraga Gerena, Jeovanny Sarmiento Vargas, Jamer Yair Riveros Silva, Rodolfo Humberto Páez, Jairo René Roa Sierra y Wilton Jamir Ávila Olmos.

Tanto los uniformados y sus familias podrán ejercer sus derechos a recibir medidas de protección, conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y se restaure el daño causado.

Dentro del caso 001 la Sala de Reconocimiento ya ha acreditado 205 víctimas. Entre las acreditadas se encuentran dirigentes políticos que fueron secuestrados presuntamente con fines de canje, personas secuestradas con fines de extorsión, familiares de personas desaparecidas y/o asesinadas después del plagio, y otras modalidades de secuestro.

Los casos de estos militares fueron documentados por la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides), que entregó un informe a la Sala de Reconocimiento el 30 de noviembre de 2018.

Esta acreditación garantiza su participación efectiva en todas las fases del proceso, con el fin de materializar el principio centralidad de las víctimas y el principio de justicia restaurativa que orientan todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En el mismo Auto también se reconoció como víctimas a los familiares del exministro Gilberto Echeverri (secuestrado y asesinado por las Farc-EP), de los comerciantes y agricultores huilenses Helí Ipuz, Eduard Ipuz Rojas, Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera y Camilo Alejandro Casas Rodríguez; y a los parientes del teniente retirado Claudio Ariel Acevedo Dussán.

Asimismo, el Auto ordenó al Sistema Autónomo de Asesoría de Defensa (SAAD) de la JEP asignar un abogado común a las víctimas que no cuentan con un representante legal en este proceso.

Aquellas personas que se consideran víctimas, independientemente de su nacionalidad, sobre los hechos relacionados en el caso 001, pueden solicitar su acreditación en cualquier momento ante la Jurisdicción Especial para la Paz al correo electrónico [email protected], declarar su voluntad de ser interviniente especial en el proceso, y adjuntar prueba sumaria de ser víctima de los crímenes asociados al caso.

¿Qué es el caso 001 de la JEP?

Por medio del auto 02 del 4 julio de 2018, la Sala de Reconocimiento abrió el caso 001, a partir del informe No. 2 de la Fiscalía General de la Nación titulado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”, el que identifica a 8.163 víctimas de secuestro cometidos presuntamente por la extinta guerrilla.

El caso 001 hasta ahora ha vinculado a 47 exintegrantes de las Farc-EP, del estado mayor central y mandos medios, quienes fueron llamados a rendir su versión individual y colectiva. Esta primera etapa, que es de investigación, se denomina de “reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas”, y en ella la Sala ha recibido distintos informes de entidades del Estado y organizaciones sociales y de víctimas, así como cientos de expedientes judiciales y sentencias en contra de los exjefes de las Farc-EP.

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