Hace poco días se divulgó la noticia de que entre la vicepresidenta de la República y tres gobernadores del Caribe se había concretado una alianza para ejecutar el macroproyecto del Canal del Dique, arteria fluvial que tuvo especial importancia para el comercio entre Cartagena y el resto del país, pero que en sus 379 años de funcionamiento ha afectado la bahía de esta última con sedimentos, fenoles, cianuro y otras substancias que recibe el gran río a lo largo de su recorrido. El pesimismo que se siente en el país afecta de manera grave la institucionalidad y la credibilidad en los anuncios y actuaciones oficiales, y por eso la alta dignataria y los gobernadores que con ella trataron el tema, no extrañarán el beneficio de inventario o la desconfianza con que se recibe la información, que fue presentada como si se tratara de una decisión definitiva y no de un simple escarceo. Nadie puede negar que se trata de un gran proyecto, pero afirmarlo como concluyente sin nada que lo garantice puede parecer un engaño. Y por ser el engaño tan común, es bueno que las cosas se hablen con claridad suficiente, para no hacerse vanas ilusiones. Las razones para el descreimiento son conocidas y no hay que mencionarlas. Pero su alusión en esta columna tiene la finalidad de que sea una constante el propósito de las obras del Dique, hasta el logro de su ejecución.
El proyecto que se dice tiene un costo estimado de 4,4 billones de pesos, comprende la rectificación de varias curvas, la construcción de una compuerta de tres bocas en Calamar y de varias esclusas o trampas, una de las cuales debe quedar en el sector de Puerto Badel, para impedir que la penetración del mar y la salinidad afecte la bocatoma de los acueductos, entre estos el de Cartagena, y que disminuya la descarga de sedimentos en su bahía, que en los casi cuatro siglos de construido el canal han modificado su topografía y profundidad, y diezmado su riqueza ictiológica. La duda acerca de la seriedad y veracidad de la concreción de la proyectada megaobra se acrecienta ante la proximidad de las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, que se cumplirán el 27 de octubre del presente año. Por eso es comprensible y justificado el temor de que el anuncio sea sólo un distractor o fuego fatuo para encantar y crear buena atmósfera. Sobre el financiamiento, que es lo esencial, se ha dicho que la nación aportará 2,93 billones de pesos y el resto los departamentos del Atlántico, Sucre y Bolívar, pero no se precisa con cifras, la proporción en que lo van a hacer los dos primeros, pero si el del último, que según el gobernador Dumek Turbay lo será en cuantía de 350.000 millones de pesos provenientes de futuras regalías.
Nadie osaría restarle importancia a la obra del Canal del Dique. Y los gobernadores de los departamentos que se han comprometido en sacarla adelante, pueden contribuir a eliminar el pesimismo o la incertidumbre sobre la misma, promoviendo el apoyo de la representación congresional de la región, y no atenerse a promesa distinta a la de lograr que aquella la apruebe el Consejo de Política Económica y Social. Y más que esto, persistir para que el Ministerio de Hacienda la incluya en el presupuesto nacional. No es, pues, tarea fácil la que tienen por delante los gobernadores de los tres departamentos involucrados, y un gran riesgo latente es que el propósito, la idea o el proyecto que los recoge, pueda quedarse o se quede a medio camino, porque el período de todos ellos finaliza este año. De allí la necesidad de sumar a la causa ciudadanía, y a la dirigencia gremial y cívica, para que en simbiosis con la representación congresional, impulse y logre que el macroproyecto no sea una quimera.
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