La que ha sido un tipo de transgresión a la ley que en Colombia se volvió prácticamente una costumbre, que ha sido tan difundida, que ha llegado incluso a no ser mal vista por algunos sectores y considerada por los contratistas como algo común y corriente, a pesar de lo perjudicial de sus nocivos efectos para la sociedad, no es otra que la corrupción.
Por culpa de los corruptos abundan las obras públicas mal realizadas, las que se deterioran a los pocos meses o las que simplemente se dejan a medias por culpa de quienes sin tener las facultades técnicas, ni las capacidades y las condiciones morales, son los escogidos para ejecutarlas.
En otras palabras, son las coimas recibidas por los funcionarios que adjudican los contratos a los menos aptos para ejecutarlos, las responsables que la mayoría de las veces, las calles, los puentes, las carreteras, los acueductos, los alcantarillados, no se realicen, se hagan a medias o se terminen pero con unos sobrecostos inversamente proporcionales a la calidad de la obra.
Por esto consideramos oportuno sugerir a la comunidad la necesidad de unirnos para rebelarnos contra estos siniestros personajes y exigirles que la plata que se reúna con el esfuerzo de los contribuyentes, se utilice para el bienestar de la comunidad.
Indiscutiblemente uno de los fenómenos que mayor incidencia ha tenido en el atraso social que hoy en día se observa en gran parte de los pueblos costeños, es la corrupción. Su expansión por toda la geografía nacional y en todos los ámbitos sociales ha provocado la pérdida de billones que bien podrían servir para disminuir la pobreza y aumentar la inversión en salud y educación hacia los sectores más deprimidos.
Hoy, cuando se conocen alarmantes cifras, en torno a los pagos que se dan por sobornos entre el sector privado y el público, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos de la justicia para erradicar de raíz esa actividad que corroe la estabilidad institucional y social.
Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario se denuncian, deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a esos individuos que por sus cargos y posiciones son las primeros obligados a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí, en el manejo integral, donde se puede derrotar esa práctica ilícita.
Algunos lectores de LA LIBERTAD nos han hecho la observación que en los países desarrollados también existe el fenómeno de la corrupción en innumerables dependencias estatales; en verdad tienen toda la razón. La diferencia es que en otros países la Fiscalía investiga, procesa y lleva a una condena a los implicados, mientras en nuestro país lo que impera es la impunidad y los premios en otros cargos.
Lo cierto es que si algún día los organismos fiscalizadores tomaran la decisión irrevocable de perseguir a los corruptos y producto de esa determinación se procesara y condenara a un mínimo de los responsables de este delito, Colombia sería una de las naciones con mayor desarrollo.
