Economía informal o vendedores ambulantes

0
287

El Congreso de la República está legislando sobre nuevas normas de la economía informal o vendedores ambulantes, normas que requieren sesudos análisis sociales para no afectar el grueso de la población colombiana. El punto de discusión debe partir que el Estado cambie su modelo tributario y procure producir riqueza y no continúe legislando a favor de pequeñas minorías, ignorando el acceso a la mayoría en los proyectos productivos.
El problema de los vendedores ambulantes no es perseguirlos, maltratarlos, amenazarlos y sobornarlos, ni concentrarlos en ghettos condenándolos a asfixiar sus pequeños negocios, sino que el Estado asuma la responsabilidad de solucionar el problema. Cuando la legalidad es un privilegio al que se accede mediante el poder económico y político, las clases populares no tienen otra opción que la ilegalidad. Los orígenes de la economía informal según los analistas pragmáticos, es por baja escolaridad, desempleo y falta de oportunidad en los programas de inversión social. Un estudio realizado por la Fundación Cipare en años recientes, entrevistó a los desempleados que ingresaron a la informalidad vendiendo limón, mango o aguacate, aseguran que pensarían dos veces regresar a la formalidad, por falta de seguridad laboral y salarios insuficiente para los gastos familiares. De esta lectura concluimos que el informal obtiene mayores ingresos que el formal y el Estado debe analizar estas variables socio económicas para ajustar sus políticas de Estado de acuerdo a la realidad. Permitir que todos hagan y dejen hacer, aceptando las vías de hecho, es decir, permitir la ilegalidad rampante es propio de un Estado débil y sin futuro, organizar a los ilegales es lo ideal.
Un Estado intervencionista sin estudios previos sobre los vendedores ambulantes y sin el énfasis sociológico, es fallido y dañino para la democracia que puede ocasionar crisis institucional por las connotaciones sociales. Las estadísticas señalan que el 60% del mercado laboral colombiano es informal, y atentar contra esta población, afectaría el orden publico con consecuencia fatales. Las fallas en la política laboral continúan, no son coherentes y los indicadores de los organismos estatales no son confiables y desde siempre han despertado dudas por la metodología empleada. El tamaño del Estado es otro causal de descontento de los gobiernos de turno, sistemáticamente continúan confundiendo tamaño con eficiencia, transparencia y manejo racional del Estado. La nómina del Estado supera el millón de funcionarios que deben responder con eficiencia, pero el intervencionismo excesivo lo hace centralista y paquidérmico. El responsable de tomar decisiones muchas veces está en el lugar equivocado, no cuenta con información real y criterio claro para tomar la mejor decisión y juzgar con buen diagnóstico. El desempleo y la economía informal son fenómenos coetáneos que dependen uno del otro y sus contradictores son el contrabando y el proteccionismo empresarial del Estado benefactor. Estas dos circunstancias generan competencia desleal y desempleo por baja producción.
Afirmar que el sector informal es desorden, pobreza y evasión de impuestos es especular por falta de información sobre la población que la conforma, este sector contribuye en varios puntos al PIB. La Organización Internacional del Trabajo OIT, plantea un nuevo enfoque de la economía informal, asegurando que es un gran generador de empleo, según estudios realizados en varias ciudades de países subdesarrollados. En la economía informal existen grupos de comerciantes que padecen de programas ajustados a sus circunstancias para avanzar. Focalizar los pequeños microempresarios que laboran para conseguir únicamente el sustento diario es la tarea del Estado. En las calles y aceras de las ciudades colombianas es normal encontrar vendedores informales ocupando espacios públicos con capacidad económica para formalizarse y por falta de políticas públicas transparentes y la engorrosa tramitología no acceden a la formalidad. Es importante que los congresistas antes de aprobar las normas de la economía informal, realicen un censo para conocer a quienes deben favorecer y no caer en la injusticia y engaño. La idea no es maltratarlos y que el Estado los considere pequeños comerciantes sin estigmatizarlos.

Comentarios