Maestros y maestras en la Misión de Sabios de educación

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En el día de los maestros y las maestras (15 de mayo), podemos preguntarnos, ¿cómo favorecer una educación de calidad sin menoscabar su dignidad? ¿Cómo no violentar su psicología y biología a expensas de una calidad de la educación, que no comporta su dignidad? Estas reflexiones, hacen parte de los ejes de preocupaciones por parte de “La Misión de Sabios para la Educación de la Región Caribe”. Los límites de estas preocupaciones están fijados por la tensión existente entre la necesidad de que el Estado adopte una Política Pública para la formación docente y para el educador, esto es, que la calidad de la educación no sólo se haga sobre la salud emocional y física de los educadores y las educadoras, propiciándose una Ley Estatutaria de la Educación, con un solo Estatuto Docente, a fin de dignificar el sentido de vida de los maestros y las maestras colombianas, y su materialización favorezca esta dignidad. Esta es la idea, ciertamente certera por la que habrá de luchar esta Misión de Sabios (Mora, R. Prosopografía de Educadores. Hacia la configuración y organización del Diccionario de Educadores del Caribe colombiano. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2008).

Por otro lado, esta “materialización del derecho” a una vida digna de los educadores y las educadoras, es realidad, si se asume compromisos con esta Política de Estado. Cuanto más sea realidad en su función de generar posibilidades reales mediante la asunción total del Estado por y para el derecho a la educación en todos los niveles, más se desarrolla y fortalece la tan cacareada “calidad de la educación” de los sacerdotes oficiales. El compromiso presente y futuro es que tal calidad debe guardar un equilibrio armónico con una vida digna de los maestros y las maestras. Esto puede formularse en los siguientes términos: una calidad de la educación está soportada en una mejora progresiva y digna en la vida de ellos y ellas, en su realización y, no en su formalismo, que es el consabido estribillo de todos los gobiernos: “estamos mejorando las condiciones de vida de los maestros”. La exigencia debe ser mayor a medida que el gobierno incremente sus índices de calidad, en la búsqueda de complacer a los organismos multinacionales que financian la educación pública.

Lo anterior viene a significar que en las condiciones de hoy, una vida digna por parte de los maestros y las maestras, en la realidad, es una “ficción jurídica” (nada más es ir a Mediesp, para el caso de los educadores y las educadoras del Caribe): todo está altamente formalizado y digitalizado, pero, la realidad es totalmente distinta; o, ¿por qué no visitar la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico? La salud de los educadores y las educadoras se ha gravemente instrumentalizado para propósitos políticos o económicos, no en beneficio nuestro, sino para las demandas de la política o de sectores económicos de la sociedad (Mora, R. Derecho Educativo. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2010). Hay, entonces, una constante tensión entre calidad de educación (fría, inhumana, cuantitativa, cuadros, listas de chequeos, números que favorecen una estadística engañosa: parodiando a Borges, podemos decir, que la estadística, es el engaño de los gobiernos) y una vida digna de los maestros y las maestras en nuestro Estado Social de Derecho, produciendo alteraciones en sus vidas cotidianas. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la cifra de los educadores y las educadoras que visitan diariamente a las entidades de salud debido al deterioro del clima organizacional que imponen las secretarías de educación a directivos y docentes? ¿Qué tipo de enfermedades son las más frecuentes en los docentes? ¿Y por qué? La Misión de Sabios por la Educación para el Caribe pretende desarrollar un Macroproyecto sobre la calidad de vida de los maestros y las maestros del Caribe colombiano, a fin de de decirle al gobierno que sus políticas contradicen el núcleo central de este Estado, cual, es la centralidad del ser humano: la dignidad.

Necesitamos de este diagnóstico para relacionar calidad de la educación (de los sacerdotes oficiales) con calidad de vida de los maestros y las maestras. Se trata de una demanda frente al gobierno nacional que se debe traducir directamente en cambios en el sistema educativo, en este beneficio plausible: para que así realmente, exista la relación real previsible entre indicadores, ya no fríos, sino sintientes hacia el cambio de una vida más digna para los educadores y las educadoras (Mora 2012, como se cita en “Ruta Caribeña”: 2018, 241. Fernández, A. Configuración del campo del currículo en Colombia. Un viaje por la producción escrita de sus autores más representativos. Samava Ediciones E.U. Popayán, 2018). Es la responsabilidad estatal, para con el más preclaro guía de la sociedad como son los maestros y las maestras, responsabilidad que debe respetar los límites de esta vida, para que les permita seguir cumpliendo con la función genérica constitucional de los artículos 67, 68 y 95. Esta responsabilidad, puede traducirse en irresponsabilidad estatal, produciendo efectos desintegrantes en la vida de los educadores y las educadoras, o bien, producir efectos perversos en el propio derecho constitucional a la educación.

Las situaciones a que año tras año los educadores con sus incontables paros, todos justos, (nada más recordar la Gloriosa Marcha del Hambre de los Maestros del Magdalena en 1966) sobrepasan los límites del campo regulado de los fines del Estado Social de Derecho por parte de los gobiernos de turno, por lo tanto, se trata de la indiferencia estatal, que es la desintegración social, que no conduce a formar integralmente, debido a los efectos perversos por no concebir la educación como un derecho fundamental, lo que en últimas conlleva al daño espiritual, psíquico y biológico de la vida de los maestros y las maestras colombianas (Mora, R. Biografías de Instituciones de la Región Caribe. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2010). Esta situación de protestas y paros justos del magisterio, en la que el fenómeno de la formalidad jurídica antes que realidad jurídica, conlleva a constantes demandas por la efectividad de los derechos de estos actores sociales, lo que conduce a la sociedad a exigir al unísono la existencia de una Política de Estado Educativa(Mora, R., et al. Pensar y construir un sistema educativo Caribe. En. Solano, J., et al. Nosotros los del Caribe: 2016: 263. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2016). Frente a las soluciones año tras año, o cada dos años entre gobierno y Fecode se proponen, se requiere de una regulación más detallada y precisa de estas demandas, que sólo se harían efectivas a través de una Ley Estatutaria, como la columna vertebral de esta Política Estatal.

Frente a las soluciones que en cada negociación se proponen por parte de estos dos actores, ellas se harán inefectivas en la mayoría de los casos, en la medida en que la complejidad de la realidad de formar integralmente sobrepasa la capacidad de los educadores y las educadoras, que el sistema educativo, con sus sacerdotes oficiales los han convertido en una especie de ambulancia de todas las impotencias de la sociedad. Esto, lo que en el fondo acaba es imponiendo la lógica de contenidos y proyectos descontextualizados y contenidos fríos e impertinentes, por ejemplo, para el Caribe: es la lógica oficial de un solo currículo para un país diverso y de regiones, con los riesgos de que esos mandatos fríos oficiales (contenidos de enseñanza), conducen a desregulaciones sociales (Mora, R. Prácticas Curriculares, Cultura y Procesos de Formación. Segunda Edición. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2012).

Un abrazo para los maestros y maestras colegas del Caribe colombiano en nuestro pasado día. A ellos y ellas me debo.
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