Más de mil millones a fundación para manejo de reguladores

*La Fundación Social es Tiempo de Vivir, terminó entregando hasta bicicletas a estudiantes pero le adeuda dos meses de salario a los ayudantes de la Secretaría de Tránsito. Veeduría pide a Italia Cepeda, representante legal de la entidad, explicar públicamente cuánto le pagó el municipio en realidad en los últimos tres años.

Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la comunidad de Puerto Colombia al conocerse del pago de más de 1.000 millones de pesos a la Fundación Social es Tiempo de Vivir para que capacitara, entrenara y suministrara personal especializado para la regulación del tránsito de vehículos en este municipio del noroccidente del Atlántico, con serios problemas de movilidad y con alto índice de accidentalidad.

Los contratos de la alcaldía con dicha fundación tienen como objeto fundamental aunar esfuerzos y recursos para ese objetivo que dejó de cumplirse por la falta de pago de los últimos dos meses de salario a los ayudantes de la secretaría de tránsito municipal en materia de control en las vías. Les adeudan los meses de julio y agosto, por lo que los reguladores salieron de circulación desde el pasado mes de septiembre.

De acuerdo al registro de Cámara de Comercio de Barranquilla la fundación tiene su domicilio en Sabanalarga y su representante legal es Italia Cepeda, quien el 1 y 2 de septiembre pasado estuvo con el alcalde Steimer Mantilla, entregando en los colegios públicos bicicletas a los estudiantes para contrarrestar el ausentismo y la deserción escolar.

Entre los objetos de la fundación está la de capacitar en materia de seguridad vial pero no aparece en ninguna parte de su registro que esté autorizada para suministrar recurso humano especializado a la autoridad municipal de tránsito como es el caso de la Secretaría de Tránsito Municipal de Puerto Colombia, a la cual le proporcionaba, según el contrato o convenio, 35 reguladores de tráfico vehicular. El supervisor del contrato es el abogado y titular de esa secretaría, Leonardo Fabio Vargas Hernández.

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Oficina de la Fundación en Puerto Colombia funciona en una edificación propiedad del ex alcalde Carlos Altahona Arraut.

Ese funcionario se negó a entregar respuesta a un derecho de petición presentado por el ex agente de tránsito, Jesús Hernández García, sobre el tema y por el contrario lo remitió a la sede de la fundación en Sabanalarga, cuando es sabido que la entidad le rinde cuentas a él de el mencionado contrato.

Que rinda cuentas

El veedor ciudadano Juan Manuel Torres Muñoz pidió públicamente a la representante legal de la fundación, Italia Cepeda, que rinda cuentas de lo realizado con los más de 1.000 millones de pesos que le entregó la alcaldía a través de esos contratos durante los años 2016, 2017 y 2018.

Además, dice el veedor, ella debe confirmar si recibió todo ese dinero y cómo lo invirtió. Los pagos los hacían desde la Secretaría de Hacienda Municipal con las firmas del alcalde Steimer Mantilla Rolong y el titular de ese despacho, Rafael Mancera, quien en últimas autorizaba la transferencia electrónica desde las cuentas oficiales del municipio en el Banco de Bogotá hacia la cuenta, supuestamente, de la Fundación Social es Tiempo de Vivir, según consta en los comprobantes de egresos oficiales en poder de la veeduría y que pasan a formar parte del acerbo probatorio de la investigación que sigue la Fiscalía 29 de Patrimonio Público sobre este caso.

Una secretaría de tránsito clase A

Pese a que hace 10 años fue aprobada por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia con nivel clase A, siendo alcaldesa la hoy representante a la Camara por la U, Martha Villalba Hodawalker, quien también propició la creación de la sociedad de economía mixta denominada actualmente Sociedad de Apoyo a la Autoridad de Tránsito de este municipio, este despacho público es una especie de cascaron vacio que sólo cuenta con el secretario, su secretaria y un abogado.

No tiene personal de apoyo porque todo lo concerniente a tránsito lo maneja una entidad de economía mixta que se rige por el derecho privado y de la cual forman parte entidades ligadas a los esposos Torres Villalba, Marta y Camilo, ambos fueron alcaldes de este municipio, en cuyo liderazgo político tuvieron origen las dos entidades, tanto la pública como la privada, que es en realidad mixta pero con un componente accionario mayoritario de privado, 70%, por lo que manejan todo a su antojo, especialmente los servicios y las inversiones que tanto dinero producen.

Se calcula que al año la Sociedad de Apoyo a la Autoridad de Tránsito maneja unos 25.000 millones de pesos en la actualidad, lo que significa un promedio de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al mes.

Todos los empleados que hoy ocupan las dependencias de la Secretaría de Tránsito en su nueva sede ubicada en el segundo piso de la EDS Los Papiros en la curva de la carrera 30 del corregimiento Sabanilla Monte Carmelo, antes vuelta al corregimiento La Playa, son de la sociedad de apoyo, incluidos 5 reguladores de tránsito que no pueden ejercer ninguna autoridad de tránsito por no ser empleados públicos como lo ordena la Ley.

El único agente de tránsito oficial del municipio es Yair Velásquez Rodríguez, pero está adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal por no ser del agrado del Secretario de Tránsito, Leonardo Vargas Hernández.

Tomado de conceptocaribe.blogspot.com