Nuevamente la DIAN en el ojo del huracán

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Desde la fusión de Impuestos Nacionales con la Aduana en los años 90 no cesan los escándalos de corrupción y otros feos episodios, que serán eternos hasta que no disuelvan el matrimonio. Aparentemente impuestos y aduana cumplen las mismas funciones pero en la práctica son diferentes, la primera es la encargada de recaudar los tributos que cancelan los colombianos y la segunda comercio exterior y recaudar los gravámenes arancelarios. Esta falla de los gobiernos anteriores para modernizar y privatizar el Estado exigido por el neoliberalismo y la banca internacional, son las consecuencias de copiar sistemas administrativos foráneos. La experiencia enseña que es más eficiente y transparente el control contable y gerencial de una entidad que dos.
El resultado de la fusión de dos instituciones que representan la estructura financiera de la hacienda pública dio origen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian. La improvisación del nuevo modelo de impuesto causó trauma en las actividades por falta de preparación al personal y en Barranquilla el traslado a su nueva sede cercano al puerto y zona franca fue un caos. La modernización del Estado exigió principalmente la salida de los funcionarios antiguos dejando semejante responsabilidad en personal sin experiencia y ninguna inducción. Las dos torres de edificios para albergar 500 funcionarios fue exagerada, los edificios son ocupados el 20%, la inversión y el sostenimiento costoso. Los colombianos desde años escuchamos las exigencias de los gobiernos solicitar a los funcionarios del Estado presentar su declaración de rentas y publicarlas, especialmente quienes manejan dineros públicos. Esta exigencia por razones desconocidas no se cumple jamás. En el pasado, la Dirección de Aduana Nacional rotaba al personal encargado del reconocimiento de mercancía para evitar contubernios con los importadores, la institución contaba con la escuela de aforadores para prepararlos y controlar el contrabando técnico y otras trampas. Con la modernización del Estado la escuela fue clausurada dejando a funcionarios inexpertos y sin preparación a la deriva, solo con el tiempo y la práctica superaron el vacío. Con el modelo viejo, igualmente engañaban al Estado pero en menor cuantía.
El paradigma impuesto por los neoliberales para modernizar la economía es nefasto, no resultó, al igual que el experimentado en la salud, laboral y servicios públicos. Rasgarse las vestiduras y lamentarse por no haber realizado una buena administración es propia de cientos de funcionarios al más alto nivel y el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, no es la excepción. Lo triste de su artículo “Dian ingerenciable” publicado en la revista Dinero es la cacería de brujas, inicialmente contra el Servicio Civil por no seleccionar mejor a los funcionarios y posteriormente los agentes aduaneros, el exdirector ignora sus verdaderas funciones. Culpar a los agentes de aduana como los facilitadores para hacerle trampas al vulnerable sistema alcabalero de Colombia es infame y desacertado. Señor Ortega, un ilícito requiere mínimo dos sujetos, quien propone no pagar impuestos y contrabandear y el que autoriza que salga o entre la mercancía de la zona aduanera. El intermedio aduanero no es el dueño de la mercancía y menos autoriza su ingreso o egreso al puerto, no es sano y justo para un sector de la economía tan antiguo como el muelle de Puerto Colombia ser estigmatizado por un exfuncionario resentido por no haber cumplido con su deber en el momento que el país lo necesitó.
En el sector de comercio exterior la gran mayoría de importadores y exportadores actúan siempre de buena fe y en forma transparente, sin embargo las instituciones del Estado crean impases por la incapacidad de algunos funcionarios para cumplir cabalmente sus funciones por falta de preparación intelectual y otros por su prepotencia de culpar a otros. La denuncia del exdirector que fuerzas extrañas y mafiosas siembran el pánico y temor para mantener presión en las investigaciones es grave, estas afirmaciones deben investigarse con severidad. El comerciante importador invierte dinero para obtener utilidades, pero al notar que su rentabilidad no es suficiente por el incremento en los impuestos acuden a las artimañas de subfacturación, contrabando técnico y otras modalidades. Los gastos portuarios en menos de tres años aumentaron de cien mil pesos por contenedor movilizado a quinientos mil. El patético caso de Ambuila debe servir de inicio para los investigadores, revisar durante el periodo que consideren necesario los documentos tramitados por el sujeto de salida y entrada de mercancía por el puerto de Buenaventura, en las declaraciones de importación y exportación aparecen los nombres de los empresarios. ¿Será posible esta gestión doctor Ortega?. Y dejamos de especular.

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