Reviven suspensión contra el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández

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Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga

El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que había tumbado la suspensión de tres meses en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

Recordemos que la suspensión la impuso la Procuraduría en el marco de la investigación disciplinaria que le adelanta por haberle pegado al concejal Jhon Claro.

El burgomaestre había interpuesto una tutela contra la Nación y la Procuraduría para que se le protegiera el debido proceso, la presunción de buena fe, la igualdad al trato, a elegir y ser elegido y a ejercer sus derechos políticos sin restricciones administrativas.

Estimaba Rodolfo Hernández que la suspensión iba en contra del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que “la Procuraduría no tiene competencia para restringir o limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular”. Y a esto se sumaba que el propio Consejo de Estado había señalado que la Procuraduría sí tiene competencia para sancionar a ese tipo de funcionarios, siempre que se trate de casos sobre corrupción, lo que no ocurre en el suyo.

En consecuencia el alto tribunal analizó las dos formas en las que un servidor público puede ser suspendido. La primera, es cuando la sanción la impone un fallo judicial, y especifica, efectivamente, que la Procuraduría solo puede actuar frente a un funcionario elegido popularmente cuando los resultados de la investigación disciplinaria estén relacionados con la corrupción.

En la segunda, que es la que aplica en el caso del alcalde, dice que el ente de control puede interponer una medida cautelar provisional, “siempre y cuando dicha decisión este motivada y existan elementos que sugieran que la permanencia del servidor público en el cargo le permitirá continuar realizando la conducta por el que es investigado, o que la reiterará o eventualmente puede llegar a interferir en el trámite del proceso disciplinario”.

Para el Consejo de Estado la medida en contra del alcalde, “no se contrapone a lo reglado en artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues es un instrumento dentro de un proceso disciplinario que no ha concluido y “la limitación que al respecto tiene ese órgano de control tiene que ver es con la imposición de la suspensión como sanción definitiva”.

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