La Constitución es el arma

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La réplica de la conducta desviada de los mayores tiene efecto multiplicador incalculable en los menores en todas sus clases. En la dirigencia política, en la familia, en los servidores públicos, y en la actuación de todos ellos. Es un fenómeno que genera vicios que dañan y hacen expedito el camino al caos. Pero tal vez es más grave la tolerancia que la persistencia, que, para colmo, a veces se generaliza y asume como expresión cultural, que la vuelve caldo de cultivo inmejorable para los procederes o actuaciones equívocos o conscientes, pero erróneos, y de la abominable corrupción. Ello proviene de que muy pocos se aplican a lo suyo o lo hacen con interés soterrado. Es la crisis del deber ser. En lo relacionado con el sector oficial, se volvió común el acceso al servicio, no para honrarlo con pulcritud y eficiencia sino para enriquecerse, como quien halla una mina y la explota a su manera, aún sabiendo que es sujeto de controles, porque estos muchas veces padecen la misma atonía. Se trata de una enfermedad que viene sometida a tratamientos hasta ahora ineficaces, porque la venalidad y la indolencia nacen y se expanden como hortigas y cardos en tierra feraz. Lo peor que podría suceder ante la realidad es renunciar a encararla sin temor, fundado o no, a padecer el real o falso dilema de la culpa al arrojar la primera piedra.
Fórmulas de corrección debe haber muchas que hacen necesario buscarlas y hacerlas operantes. El lamento por los padecimientos que ocasiona la inconducta en los asuntos de interés público, es actitud conformista y de tontina si se limita a simple expresión cuando debería aquilatarse con acciones, no importa que puedan parecer desmesuradas o inviables, porque al conocerse con toda seguridad se abrirá el conveniente debate. El lamento, si bien es natural y casi siempre justificado, hay que volverlo acción. Pensando en ello, una de esas acciones podría ser la de concretar si quienes se hallan al servicio del Estado tienen conciencia de cuáles son los fines de éste. Aventurando un paneo con servidores públicos de áreas diversas como el de recepcionistas, mensajeros, vigilantes o aseadores de oficinas, pueden encontrarse muchísimas sorpresas, sobre todo porque gran parte de ellos, y quizá con excepción de los inscritos en carrera administrativa, no se sienten servidores oficiales sino dependientes de su jefe o afín político, o del inmediato superior. E incluso, en escalas de los funcionarios con jurisdicción y mando, hay quienes obviamente conocen a la perfección las tareas asignadas a sus despachos, o sea, tienen clara su órbita competencial, pero no la asocian a los fines del Estado al que están vinculados, y por eso el servicio que prestan no es el mejor, ni lo asumen a conciencia de su incidencia en el conjunto social.
Si nos detuviéramos a enfocar la visión sobre lo público con ese propósito, podríamos estar comenzando a reescribir la historia del compromiso del servidor oficial con el Estado. Para eso no hay que ser genio ni mago. Basta una simple pedagogía acerca de la primera parte del artículo segundo de la Constitución Política que los describe así: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. La enseñanza de la Constitución es obligatoria, porque en ella está compendiada la estructura del Estado. Si a un agente de tránsito se le enseña que él cumple aquellos fines, se sentirá orgulloso de su labor y la realizará con respeto y solicitud. Hacer conciencia sobre la constitucionalidad del servicio público es arma idónea para mejorar y moralizar la administración.
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