Por: Armando Monterrosa
El contrato de 3.400 millones firmado por el ex secretario de planeación Irvin Pérez en 2018 con el señor Julio Gómez Sandoval, para la elaboración del PEMP, ha sido tildado por la sociedad como una demostración de avaricia para dejar ganancia de manera fácil.
Iniciando con un anticipo del 50%, es decir, más de 1.700 millones de pesos se le pusieron en el bolsillo al contratista sin haber hecho nada, un anticipo insólito que además, según la denuncia que cursa en la fiscalía, viola la ley 1474 de 2011.
De acuerdo a lo pactado en el mencionado contrato, el contratista después del anticipo, recibiría un pago del 30%, cuando entregara evidencias de que la ejecución de los 3 objetos contractuales se encontrara en un 80%, situación que fue obviada por el contratista y por ello, habría incurrido en unas conductas penales que aún no están en conocimiento de las autoridades.
El señor Julio Gómez Sandoval después de suspendido el contrato, presentó una cuenta de cobro a la alcaldía de Cartagena el 27 de diciembre de 2018 pretendiendo el pago del 50% restante, teniendo conocimiento que no era la forma de pago acordada, además, no aportó ni siquiera el soporte de cumplimiento y recibo a satisfacción, anotaciones que públicamente le hizo la tesorería distrital, indicándole que solo se podía pagar el 30%.
Aun habiéndole actualizado el conocimiento al contratista, este insistió y logró obtener un acta de recibo a satisfacción para cobrar el 50% restante del contrato. Sin embargo, los días 7 y 18 de febrero de 2019 la tesorería nuevamente rechazó la cuenta porque el contrato fue suspendido el 15 de diciembre de 2018, y de esa manera no existía forma alaguna de que se terminara por completo, además de que el acta de finalización y recibo a satisfacción tenía una fecha posterior a la fecha de suspensión, incluso a la fecha de finalización del contrato, lo cual es imposible, incluso podría ser irregular.
Julio Cesar Gómez Sandoval fue el único proponente en el proceso de selección que se adelantó en 2018 para este contrato, ya que varias empresas nacionales criticaron que los perfiles profesionales solicitados en los pliegos eran demasiado específicos, y por ello, difíciles de conseguir, sin embargo fueron descartadas y la única propuesta recibida, estudiada y lógicamente contratada fue la de Gómez Sandoval.
A pesar de que el contratista se esforzó por encontrar esos profesionales tan específicos, revela la denuncia que cursa en la fiscalía, que la única persona contratada por el contratista, era el mismo Julio Gómez, pues fue el único profesional que presentó su pago de aportes a seguridad social como contratado para una labor en la ejecución del contrato.
Otra situación que se desconoce es el nivel de avance de los otros dos objetos del contrato, Nadie tiene conocimiento del estado de ejecución del Plan de Mejoramiento Integral de La Boquilla ni los estudios para la reubicación de Marlinda y Villagloria, los cuales no se debieron contratar según el denunciante, porque es una situación que ya estaba definida por las Altas Cortes.
Ciudadanos allegados a este medio solicitan a la fiscalía que indague sobre la falsedad ideológica que demostró el área de pagaduría de la tesorería distrital, con los documentos que le fueron enviados con información dolosamente falsa para intentar cobrar de manera fraudulenta la totalidad del contrato.
