En los últimos años el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido una de las falencias más grandes que atraviesa la educación en estos momentos. Los dineros que han debido destinarse a la alimentación de los niños en los colegios del país es quizás una de las caras más tristes de la corrupción en Colombia. El clientelismo se apropió de buena parte de las necesidades de los cerca de ocho millones de pequeños que asisten a 13.000 colegios y escuelas de 1.103 municipios del país.

El Atlántico es un ejemplo vivo de lo anterior, la Asociación de Educadores en el Atlántico (ADEA) manifestó que “celebra” el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de poner en marcha una investigación disciplinaria contra el gobernador Eduardo Verano y nueve mandatarios departamentales más, por presuntas demoras en la implementación del PAE en el 2018.
Luis Grimaldo, tesorero de la ADEA, señaló que “venimos denunciando de la poca inversión que hay sobre el PAE y el menú que éste ofrece y no para todos los estudiantes porque hay muchachos que no cuentan con el beneficio lo que nos parece discriminatorio”. Sin embargo, Grimaldo expresó que las demoras en la implementación del servicio podría ocurrir por “el recorte de recursos por parte del Gobierno Nacional y les toca a las administraciones buscar el dinero y esto produce que se presenten contrataciones extemporáneas”.
El educador aseguró que el servicio del PAE en la vigencia del 2018 “no arrancó con la jornada escolar y para en el presente año los servicios que presentan dificultades son la conectividad y el transporte escolar”

El pasado 27 de marzo, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra diez gobernadores del país, entre esos el gobernador Eduardo Verano y su Secretario de Educación, Dagoberto Barraza. Según el ente, en el departamento no se prestó el servicio alimenticio desde el primer día del calendario académico y se empezó a suministrar el 21 de marzo, a más de 48 mil beneficiarios.
Asimismo, la Procuraduría señaló que practicaría pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el perjuicio causado a la administración pública por los particulares investigados.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de la apertura de investigación disciplinaria contra diez gobernadores del país, el secretario de Educación del departamento, Dagoberto Barraza, aseguró que habían sido notificados de la decisión y que la Gobernación envió al Ministerio Público toda la documentación requerida para explicar lo ocurrido. El funcionario afirmó que las demoras solo se registraron en 2018, debido a que la licitación, que se abrió el 29 de diciembre de 2017, y fue declarada desierta, razón por la cual el suministro de los alimentos solo se pudo comenzar a hacer el 21 de marzo de ese mismo año.
En el año 2016, es importante recordar que el contrato del PAE en el Atlántico, se realizó a través de un proceso de selección abreviada luego que la licitación realizada por la Secretaría de Educación fuera declarada desierta el 23 de junio del mismo año por los cuestionamientos que se hicieron al único proponente que se presentó, Ecoalimentos. En ese momento, tras una audiencia de dos horas, se indicó que la firma Ecoalimentos no cumplía el requisito del transporte de los alimentos para los 72.976 alumnos de instituciones educativas oficiales.Los cuestionamientos se hicieron en las observaciones tanto en la página del el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, por Erika Paola Oliva Romero, sobre factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia, previstos en el pliego de condiciones como por veedores que estuvieron en la audiencia que se realizó se ese momento

 

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