Detallan el pacto de silencio Odebrecht-Grupo Aval-Martínez Neira

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La firma involucrada en una escándalo internacional de corrupción se comprometió a pagar a sus socios en Colombia más de 10 millones de dólares como compensación por desembolsos que disfrazaban sobornos. Pero solo entregó la cuota inicial, según las fuentes.

En marzo de 2016, cuando las alarmas del consorcio Odebrecht en Colombia indicaban que se había producido una masiva desviación de fondos con los que se estarían pagando sobornos, los socios mayoritarios del consorcio encontraron una estrategia para controlar los daños: suscribieron un contrato confidencial en el que Odebrecht reconoció que se comprometió a compensar a sus socios reconociendo que se trataba de “desembolsos innecesarios’’.

La multinacional brasilera que se había asociado con una filial del poderoso conglomerado financiero colombiano Grupo Aval, aceptó pagar al consorcio 10.6 millones de dólares por los contratos que no tenían justificación y que meses después se estableció que fueron usados para disfrazar sobornos. La superintendencia de Industria y Comercio se refirió a estos desvíos como “un saqueo millonario’’.

Ahora fuentes de Univision y del portal Cuestión Pública en colaboración con IDL Reporteros del Perú, sostienen que el pago nunca se realizó en su totalidad, lo que se suma a las sospechas de varios investigadores de que fue una “operación de maquillaje’’ y “un pacto de silencio’’ para ocultar el escándalo de los sobornos.

De acuerdo con dos fuentes cercanas a la operación, Odebrecht solo ha pagado 2.2 millones de los 10.2 millones pactados en el contrato. Una de las fuentes dijo que Corficolombiana, la filial del Grupo Aval que sería la primera beneficiaria del pago, no ha recibido el dinero pero tampoco ha aplicado la cláusula de incumplimiento.

El contrato fue preparado por el entonces abogado del Grupo Aval Néstor Humberto Martínez, después de que se refirió a los desembolsos sospechosos como “coimas’’ en una grabación secreta.

Martínez es hoy fiscal General de Colombia. El funcionario afronta una ola de protestas para que renuncie por el papel que jugó en esta y otras decisiones del consorcio.

En respuesta a un cuestionario de los periodistas de Univision y Cuestión Pública, Martínez dijo que las preguntas en relación a este caso corresponden a actividades particulares como abogado y por lo tanto no esta obligado a responderlas en ejercicio del derecho de petición por lo que no era un funcionario público.

Sin embargo Martínez agregó que no intervino en las conversaciones “en las que se definió el monto de la ‘devolución’ de las sumas de que trata el contrato’’. También aclaró que no le correspondía hacerle un seguimiento a la ejecución del acuerdo.

El senador Jorge Enrique Robledo que ha realizado debates en el Congreso sobre los sobornos de Odebrecht ha sido uno de los críticos que considera que el contrató se hizo para desviar la atención.

“Fue una operación de maquillaje para tapar las cosas’’, dijo a Univision y Cuestión Pública. “Tengo la absoluta seguridad de que ese contrato se diseñó para protegerse de la avalancha que les iba a llegar por la confesión de Marcelo Odebrecht’’, agregó al referirse a las declaraciones judiciales del presidente internacional de la compañía.

La avalancha a la que se refiere Robledo llegó tres días después de la firma del contrato. Marcelo Odebrecht fue condenado en Brasil a 19 años de prisión por cargos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir.

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El máximo ejecutivo de la empresa de ingeniería brasilera decidió colaborar con la justicia y a finales de e ese año la firma se declaró culpable en Estados Unidos del pago de sobornos en varios países de América Latina. En el caso de Colombia admitió el pago de 11 millones de dólares, una suma muy similar a la que acordó compensar a sus socios en ese país. Los sobornos ocurrieron entre 2009 y 2014, según la denuncia criminal radicada en Estados Unidos por el Departamento de Justicia,

El Grupo Aval, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2014, no informó del contrato de transacción a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), según una revisión que hicieron los periodistas de los reportes presentados a esta entidad.

Aval está bajo investigación del Departamento de Justicia en relación con el escándalo de sobornos de Odrebrecht según lo reconoció en uno de sus informes a la SEC.

En una entrevista con el diario El Tiempo, en septiembre pasado, el presidente del grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, se atribuyó como una victoria de su empresa haber logrado que Odebrecht se comprometiera a pagar los 10.2 millones de dólares. Lo que no explicó Sarmiento es que los brasileros nunca cancelaron gran parte de la deuda.

Corficolombiana, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de América Latina, ha negado que hubiera sabido de los sobornos antes de que se divulgara la acusación penal en Estados Unidos en diciembre de 2016. La política del Grupo Aval es no dar declaraciones sobre este tema, según correos electrónicos enviados por su vocera Tatiana Uribe.

En la entrevista con El Tiempo, Sarmiento dijo que “Corficolombiana es una víctima […] somos los más perjudicados en todo este problema, porque si mira con cuidado quiénes cometieron el delito, la respuesta es: Odebrecht’’

Los mayores accionistas del consorcio son Odebrecht con el 62 por ciento y Episol, la filial de Corficolombiana, con el 33 por ciento.

El consorcio obtuvo en diciembre de 2009 el contrato del gobierno colombiano para la construcción de la segunda fase de la autopista Ruta del Sol. La licitación pública se adjudicó luego de que Odebrecht pagó un soborno de $6.5 millones al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, según lo admitió tanto el funcionario como el entonces director de la multinacional brasilera en Colombia. Con un valor de más de 1,100 millones de dólares, la autopista es la obra vial más importante en los últimos años en Colombia.

Consultado sobre el incumplimiento del contrato confidencial, un vocero de de la firma brasilera dijo que Odebrecht viene colaborando “de forma eficaz con las autoridades de varios países en los cuales actúa en la búsqueda del pleno esclarecimiento de los hechos narrados por la empresa y sus ex ejecutivos’’.

“Sencillamente inverosímil’’

Desde 2015 Jorge Enrique Pizano, el auditor de la Concesionaria Ruta del Sol, la firma del consorcio encargada de la contratación de terceros, había expresado su inconformidad con la manera como se estaban aprobando desembolsos de la concesionaria en cantidades millonarias. Pizano cuestionó enfáticamente varios contratos por trabajos que no se realizaron o que se duplicaban sin razón. Algunas de las empresas favorecidas no tenían experiencia y al menos en un caso descubrió que una cotización presentada por una compañía fue desmentida por el gerente de la misma. La fiscalía colombiana investiga si varios de estos contratos fueron operaciones simuladas para justificar el pago de sobornos y de contribuciones políticas ilegales.

“Esto es una coima, marica’’, le dijo Martínez a Pizano, cuando éste le explicó una de las múltiples irregularidades que estaban ocurriendo en la concesionaria. La exclamación de Martínez, que se transformó en un slogan de las protestas que piden su renuncia como fiscal, fue grabada subrepticiamente por el auditor.

En ese momento Martínez era el principal consultor jurídico de Corficolombiana. El mismo reconoció que desde septiembre de 2015 había sido contratado por el Grupo Aval “para reclamar a la firma brasilera el pago de varios contratos que por decisión de la multinacional fueron efectuados a favor de terceros’’.

En lugar de poner en conocimiento de las autoridades lo que estaba ocurriendo, Aval decidió pedirle a Martínez confeccionar el contrato llamado de transacción. Según la fuente consultada, los honorarios de Martínez para la elaboración del contrato fueron pagados por Corficolombiana. Martínez ya había elaborado otro contrato del consorcio por lo cual recibió 25 mil dólares en honorarios, según documentos que consultaron los periodistas.

La Superintendencia de Industria y Comercio, que estudió las decisiones tomadas por las firmas, señaló que “resulta sencillamente inverosímil que empresas de amplísima trayectoria [refiriéndose a los socios del consorcio] hubieran estado expuestas por cuatro años, al saqueo millonario de las cuentas de la Concesionaria en la que participaban’’ y no hubieran tomado “una medida idónea y mucho menos dar aviso a las autoridades a pesar de todas las advertencias, alertas y evidencias que llegaron a su conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo’’.

La SIC condenó civilmente a varios ejecutivos del consorcio por competencia desleal incluyendo a Sarmiento Gutiérrez.

En el contrato de transacción de marzo 11 de 2016, las partes se comprometieron a modificar el procedimiento de contratación de obras y servicios restándole poder de decisión a Odebrecht. Esto ocurrió, según el documento, luego de “analizar y discutir la pertinencia de varios desembolsos […] que a juicio de Episol y Corficolombiana resultaban innecesarios para el desarrollo y la correcta ejecución del proyecto”.

Sarmiento, el presidente del Grupo Aval, sostiene que hasta ese momento se sospechaban que los desvíos eran “robos’’, no sobornos.

Como parte del acuerdo, Odebrecht renunció a una cuota de liderazgo que percibía por ser el socio mayoritario, y se obligó a devolver lo que había recibido por ese concepto, es decir, los 2.2 millones de dólares.

El contrato indica que la suma total que debía ser devuelta al consorcio debía ser de 10.2 millones, pero no especifica cómo ni cuándo se debía pagar el saldo de de ocho millones. La ambigüedad en esta parte del acuerdo contrasta con la precisión en otras cláusulas. El caso es que la suma restante no se pagó, según las fuentes.

Los firmantes del documento se comprometieron a no llevar a cabo ningún tipo de reclamación “por el pago efectuado en virtud del presente contrato’’ lo mismo que a mantener en absoluta confidencialidad lo acordado.

El contrato permaneció en secreto hasta que el año pasado la periodista colombiana María Jimena Dussán lo hizo público, arrojando luces sobre un episodio que desató una gran controversia. Horas antes de este reportaje Dussan publicó un columna sobre el tema en la revista Semana

“Esto fue una maniobra jurídica para insinuar que el Grupo Aval era una víctima de los sobornos, pero si usted queda conforme con un pago parcial, viene siendo no una víctima sino un cómplice’’, dijo José Roberto Acosta economista colombiano y asesor bursátil quien ha estudiado el contrato.

En marzo de 2017, un año después de firmado el contrato, el gobierno colombiano declaró la caducidad de la concesión del proyecto Ruta del Sol lo cual hará menos probable que se cumpla con la deuda pendientes con el consorcio.

Tomado de Univisión Noticias (Gerardo Reyes)

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