El caso Ángela María Robledo

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Con todo respeto por el H. Consejo de Estado, pero, más allá de cualquier posición ideológica o política, su sentencia en el caso de Angela Robledo, es pésima en la argumentación sobre el carácter jurídico del acto demandado- Res. No. 1598 de 2018 expedida por el CNE-, al que forzadamente denomina acto de designación-llamamiento.

Ni es un acto declaratorio de elección, ni es tampoco un acto de designación y mucho menos de llamamiento.

No tiene ese primer carácter por cuanto Angela María Robledo no fue elegida para ocupar la curul en la Cámara, simplemente entra a ejercer un derecho personal que la Carta y la ley estatutaria 1909 de 2018 le reconocen por hacer parte de la fórmula política que obtuvo la segunda votación en la elección presidencial; pero esta circunstancia más allá del reconocimiento de ese derecho personal sui generis, encarna ontológicamente, el reconocimiento de un DERECHO A LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

Tampoco es un acto de designación porque no es eso lo que declara el CNE al expedir la Resolución 1598 de 2018, lo que dicho organismo hace, simple y llanamente, es constatar y plasmar en un acto jurídico una situación fáctica y legal derivada de los escrutinios presidenciales, según los cuales dos personas de carne y hueso, llamados Gustavo Francisco Petro Urrego y Angela María Robledo, respaldados por una coalición política de distintos matices, resultaron ser segundos en la votación depositada por el pueblo en las urnas; para que de esa manera se activara el derecho personal a ejercer, a nombre de la oposición que encarnan, escaños en Senado y Cámara, respectivamente, al tenor de un mandato contenido en la Constitución.

Igualmente tampoco es un “acto de llamamiento”, porque este tipo de actos jurídicos, caracterizados como actos de contenido electoral, que no propiamente actos electorales, están reservados para aquellos actos administrativos que expiden las mesas directivas de las corporaciones de elección popular, para proveer las vacancias absolutas que se produzcan en las mismas, como consecuencia, en unas determinadas circunstancias, de una falta absoluta o temporal de los titulares electos.

Ante semejante panorama sigo sosteniendo la tesis que la acción electoral promovida era improcedente, y no por la existencia o no de la doble militancia, o porque resulte o no aplicable la figura también a los grupos significativos de ciudadanos (lo cual por supuesto no negamos).

El tema es de más hondo calado, y tiene que ver con la cercenación de derechos fundamentales (de qué otro carácter podría ser el derecho personal establecido por el acto legislativo 02 de 2015 ?), que a través de la acción judicial promovida, se perpetra en contra de una persona en concreto, y de toda una coalición política, caracterizada como OPOSICIÓN.

De un tajo mediante la interpretación que de la situación ha hecho el Consejo de Estado, configurativo, a mi juicio de graves defectos fácticos y sustantivos, se ha vaciado de contenido ese derecho personal reconocido en la Constitución, pues no solo se priva a una persona de ejercer el derecho fundamental de participación en la conformación y control del
poder político, sino que se ha desconocido la voluntad de más de ocho millones de colombianos que votaron por la fórmula, y que con dichos votos, activaron una orden contenida en un precepto superior.

No cabe en consecuencia en el elenco de actos enlistados en el art 139 del CPACA, la Resolución 1598 de 2018 expedida por el CNE , con fundamento en la cual se adelantó el medio de control judicial que nos ocupa, por tanto yerra en esta materia y de manera grave el H. Consejo de Estado al haberle dado curso a la demanda y por supuesto al haber emitido la sentencia que ya conocemos, vulnerando garantías superiores en cabeza de unas determinadas personas y también de unos colectivos ciudadanos que encarnan una visión de país distinta a la fórmula que ganó la presidencia de la República.

Y, reitero, no es que no aplique la doble militancia frente a grupos significativos de ciudadanos o que se aplique o no la figura en escenarios electorales presidenciales; ese no es la piedra angular del asunto.

Se trata de que el contexto político, y por tanto el fáctico y jurídico creado
mediante el acto legislativo 02 de 2015, fue interpretado erráticamente por la alta Corporación judicial, incurriendo en actuaciones que al tenor de la doctrina constitucional, constituyen caldo de cultivo para promover una acción de amparo constitucional contra la sentencia, ora por defectos sustantivos, ora por defectos fácticos.

Tienen la palabra colegas!

Estamos evidentemente ante uno de esos casos difíciles a que hace referencia la teoría del Derecho!

Estos son mis criterios. Con respeto profundo por la sentencia por supuesto. Y por otras opiniones y criterios.

@DonaldoADuicaG

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