El traslado de directores de centros penitenciarios en el país ordenado por el INPEC prende las alarmas a los defensores de derechos humanos

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La llegada a partir de este lunes de semana santa de los directores a las cárceles establecida en la Resolución 1000 del 9 de abril por la dirección del INPEC tiene viviendo desde ya un calvario no solo a la población carcelaria, algunos integrantes del cuerpo de custodia y especialmente a quienes han presentado múltiples y reiteradas denuncias contra algunos de estos funcionarios sin que hasta la fecha tengan respuesta.
La Fundación Internacional Cárceles al Desnudo MCD reiteró en sendas comunicaciones al Director del INPEC, la Ministra de Justicia, la Defensoria del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia, entre otros, la alerta que genera a las internas de la cárcel el Buen Pastor en Bogotá la llegada del capitán David Alexander Álvarez, quien fue denunciado desde 2017 por el propio Comité de Derechos Humanos del Establecimiento por maltrato psicológico y abuso de autoridad.
Igualmente, en los documentos se hace referencia a las denuncias que también presentaron en su momento contra el mismo capitán las funcionarias del cuerpo de custodia del INPEC; la Dragoneabte Lorena Piñeros, Andrea Góngora y Esperanza Gaona, por acoso y persecución laboral. Esta situación llevó al traslado del funcionario Álvarez al establecimiento de “Coiba”, en Picaleña, Tolima.
La directora de la Fundación MCD, Esmeralda Echeverry solicita respuestas claras por parte de las instituciones responsables de estos traslados, al solicitar el pronunciamiento oficial sobre las denuncias anteriormente señaladas, que completan dos años si que se conozca por lo menos la apertura de las investigaciones que esclarezcan las denuncias.
De igual manera se advierte que el traslado de directivos de centros carcelarios debe ser sometido a revisión, por parte también de los organismos de control y vigilancia, al considerar que se afecta gravemente la sana convivencia en los centros de reclusión.
Llama la atención a la Fundación que las denuncias que fueron presentadas en este caso por mujeres no han tenido atención por parte de quienes están a cargo de su revisión. “Es como si no se atendieran las normas  internacionales de protección de género que amparan los derechos de las privadas de libertad”, precisó Esmeralda Echeverry.
La Fundación MCD completa 7 años de servicio y trabajo activo en defensa de la población carcelaria en Colombia.
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