La mujer en la constitución política

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Para comenzar este ensayo que pretende sintonizar los derechos de la mujer en la Constitución Política, (CP) que la naturaleza de nuestro Estado Social de Derecho de 1991, hace valer los derechos de la mujer en la búsqueda de un orden social, específicamente como lo reza el artículo 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer, no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo, y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del estado, y recibirá de este, subsidios alimentarios si entonces estuviere desempleado(a). El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”; Un concepto de Estado de tal naturaleza, conviene repensarlo teóricamente en la formación de abogados, esto en razón de que los estados se están reestructurando y reformando en un panorama bastante abigarrado en el cual se presenta una desestatización de la política, un cambio en la concepción de lo que es un gobierno y una fuerte ampliación de la ley: es lo que viene aconteciendo con los derechos de la mujer (Mora, R., “La mujer en la Constitución Política”, La Libertad, Barranquilla, marzo 12 de 2017, p. 2ª).

La lucha de las mujeres, por el reconocimiento de su ciudadanía plena, y de iguales derechos con respecto a los hombres, ha sido reconocida históricamente como la única revolución pacífica de todos los tiempos (Mora, R. et al. Saberes y Formación Ciudadana. Enfoques socio educativos e históricos. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2014). Los medios usados para promover los cambios y su trascendencia permiten otorgar ese calificativo a las líderes del movimiento, mientras estas continúan siendo víctimas de discriminación y violencia, en ámbitos privados y públicos.

Para transformar la grave situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, estas y sus organizaciones han promovido acciones reivindicativas, que han tenido mayores posibilidades de  concreción y éxito a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, que creó una plataforma para la ampliación de libertades y garantías de los derechos de las mujeres. Vale la pena resaltar el tránsito fundamental que conlleva pasar de un Estado de derecho hacia un Estado social de derecho, lo que marca el rechazo expreso de la discriminación jurídica y fáctica hacia las mujeres (Mora, R. (Comp.) et al. La construcción colectiva en ciencias sociales y humanas. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2015).

En este ensayo, veremos una oportunidad de evaluar constantemente, sí se están cumpliendo con lo preceptuado constitucionalmente a favor de la mujer. Con respecto a este propósito, es importante resaltar uno de los grandes hitos, se trata de la elaboración de una nueva comprensión de la naturaleza del Estado social de derecho, pensando la constitucionalización de los derechos y garantías de la mujer, la cual podemos llamar “La constitucionalización de los derechos de la mujer”, traducidos en el día a día de la mujer, es el plan de trabajo constitucional a través de esta realidad vivida. Incluso la Carta Magna incorporó derechos estratégicos para las mujeres acerca de su participación ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres, el derecho a conformar una familia, la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una profesión, entre otros derechos, que ya habían sido reconocidos en instrumentos internacionales y que fueron ratificados por el Estado colombiano (Mora, R. Currículo y saberes en la formación de abogados: propuestas para pensar la educación jurídica. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2014). Otro hito importante en este proceso de comprensión hace relación a la premisa del Libertador Simón Bolívar: “La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y carácter. Las leyes corrigen esa diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social”. Por otro lado, para resaltar el ámbito educativo debe ser obligatorio en los establecimientos educativos, la enseñanza de los derechos de la mujer para que su educación les proporcione a todos los colombianos, la demanda de los derechos constitucionales de la mujer y sirva como una fuente de orientación ética y moral hacia ella (Mora, R., “La mujer en la Constitución Política”, Barranquilla, marzo 12 de 2017, p. 2ª)

Puede afirmarse que el reconocimiento de la dignidad humana de la mujer, debe ir en armonía con las de los hombres, para dignificar su papel en la sociedad y en la Carta Política. Con esta Norma Fundamental, las mujeres adquirieron un papel importante, y a su vez tuvieron un reconocimiento en la sociedad cuyas opiniones, ideas, creencias y necesidades van a adquirir visibilidad y protección en materia constitucional  (Mora, R., et al. Pensar y construir un sistema educativo Caribe. En. Solano, J., et al. Nosotros los del Caribe: 2016: 263. Ediciones Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 2016). Posada, A., en su ensayo “Familia y educación”, sostiene que la familia de la cual hace parte la mujer es un proyecto relacional que no hace referencia necesariamente a lazos de sangre (…), que cuando hablamos de familia lo relacionamos con la primera institución de la cual recibimos amor por parte de la mujer, llamada madre…” (La Libertad,  Barranquilla, noviembre 9 de 2018, p. 2ª). Por su parte, Ramos, R., en “La mujer en la sociedad” señala “…que la Carta Política, prioriza el rol de la mujer, al considerarla un actor principalísimo en la construcción de un orden social justo y digno…” (La Libertad, Barranquilla, abril 15 de 2019, p., 2ª).

Para concluir este ensayo, puede concluirse que la Constitución de 1991 debe concebirse como el punto de partida, pero no como la culminación del proceso de emancipación femenina. Lo arriba planteado hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura desde la Filosofía del Derecho en la formación de abogados en la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla (I-2019) con el docente Reynaldo Mora Mora. Frente a esto Jiménez, R., en su escrito “Filosofía jurídica”, anota que “Un gran aporte de la Filosofía del Derecho, por ejemplo, es que podemos entender y tomar posición acerca de una determinada “teoría de los derechos fundamentales”, y con base a ello, hacer un giro al ejercicio de la abogacía, sea a la hora de litigar ante los tribunales de justicia, o al momento de redactar algún escrito con relevancia jurídica” (La Libertad, Barranquilla, marzo 22 de 2019, p. 2ª). Siguiendo a la autora, esta ha sido nuestra pretensión: haber desarrollado en este espacio el relevante papel de la mujer a la luz de la CP de 1991, y como futuras abogadas tendremos que defender casos, en su defensa ante la justicia.

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