Todo servidor público que en ejercicio de su poder no dé cumplimiento, o por lo menos se le observe que no trata de cumplir las promesas pregonadas durante su campaña, definitivamente se le puede catalogar como un irresponsable, con todas las arandelas y perendengues.

Esta expresión muy generalizada en nuestros tiempos, escuchada especialmente entre las gentes pertenecientes a las clases populares, debe ser tenida en cuenta por los hombres y mujeres públicos y todos aquellos que aspiran a serlo, deberían tenerla en cuenta en sus cotidianas meditaciones.

La sentencia adquiere en los actuales momentos tanta o mayor vigencia, por cuanto es abrumadora la mayoría de servidores públicos que se dejan conducir por la ambición, para no perseguir en lo grande o en lo pequeño, otra cosa que la cacería de votos y asegurar de este modo la elección, sin ulteriores compromisos.

Además, porque dentro del complicado engranaje de los sistemas publicitarios, las responsabilidades adquiridas con las iniciativas incluidas en sus programas anunciados, las promesas esbozadas ante las comunidades, las mismas que lo catapultaron para que se concretaran sus aspiraciones políticas, de sus deseos de servicio que tanto pregonó a lo largo y ancho de su distrito, municipio o departamento, cuando estaba en el fragor de sus campañas, dadas a conocer a través de sus discursos y de sus declaraciones en la prensa, radio y televisión. 

Promesas que al poco tiempo la mayoría de las veces se diluyen, produciendo la decepción de aquellos electores que en el debate pusieron todo su empeño a fin que el candidato lograra la anhelada credencial que lo convirtiera en miembro de la corporación para la cual propuso su nombre.

Nuestra democracia ha sido una víctima de múltiples casos como estos; es aquí donde encontramos la justificación de los ciudadanos a su renuencia a acudir a los puestos de votación el día de las elecciones.  Es en el proceder irresponsable –por decir lo menos– de muchos candidatos, donde encontramos la explicación a la alta abstención que se presenta en todas las jornadas eleccionarias, es aquí donde se ha originado la desconfianza que reina entre la ciudadanía hacia la clase política. Algo tendrán que hacer los propios políticos honestos –que todavía los hay– para que la comunidad vuelva a tenerlos como sus verdaderos representantes en los cargos ejecutivos y en los cuerpos colegiados designados a través del voto popular de los ciudadanos que acuden a las urnas. 

Debido a esta situación es que la ciudadanía insiste en la implementación de profundas reformas al sistema electoral, tales como las que se han intentado en el Congreso de la República sin que se haya logrado ese cometido, sencillamente porque la mayoría dominante en esta corporación, todavía no ha considerado la necesidad de introducir las necesarias reformas que se vienen proponiendo, porque sería como poner el “cuchillo en su propia garganta”. 

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